La Brigada Investigadora del Crimen Organizado (Brico) de la PDI detuvo este viernes a cuatro militares activos y a un civil que comercializaban tres lanzacohetes de propiedad del Ejército de Chile a través de redes sociales.
El hecho fue descubierto por un agente revelador de la policía civil que se hizo pasar un comprador de marketplace de Facebook. Mediante dicha acción, el funcionario detectó que uno de los involucrados pedía 2 milllones 500 mil pesos por cada unidad del mencionado armamento bélico.
Posteriormente, la PDI vinculó a cuatro funcionarios del Ejército con el caso, además de un civil, quien cumplía la función de ofrecer el armamento en redes sociales.
"Realizamos un agente encubierto virtual y logramos reunirnos con el sujeto que vendía este armamento, logrando posible una transacción y estableciendo en la flagrancia la posición de este elemento prohibido. Es un lanzacohetes que mantiene sus piezas y que, aparte de ser prohibido, son también prohibidas sus partes y piezas", detalló el subprefecto Juan Pardo, jefe de la Brico de la PDI.
Los elementos a la venta eran "tres lanzacohetes que se mantenían en poder de distintos funcionarios del Ejército", añadió el detective.
A través de un comunicado, desde el Ejército informaron que se inició un sumario administrativo para determinar la situación de los militares involucrados. Además, confirmaron que el material bélico que se estaba comercializando es de propiedad de la institución, pero que se encuentra percutado y en desuso.
TRES A PRISIÓN PREVENTIVA
Los cinco detenidos fueron formalizados esta misma jornada por infracción a la Ley de Armas. Tres de ellos quedaron en prisión preventiva: el vendedor, un cabo segundo que le facilitó el armanento y un teniente que le entregó los elementos a su subordinado para la comercialización.
"Al momento de querer ofrecer esta especie, de querer recibir cerca de dos millones, la responsabilidad de aquellos que las mantienen en su poder es distinta, y asimismo (está) este teniente que, con la responsabilidad de su cargo, mantiene balas de guerra y además mantiene un arma completamente irregular en su domicilio. Es por esa razón que se solicitan las prisiones preventivas respecto de ellos", explicó fiscal de Pudahuel Daniel Contreras.
El teniente también tenía en su poder una escopeta inscrita a nombre de una persona fallecida sin parentesco, además de municiones que se presumen robó de la institución castrense.
Los otros dos, un hombre y una mujer, ambos cabos del Ejército, quedaron de momento en libertad pues no existe evidencia de que hayan intentado vender el armamento.
"Mantenían esta especie de manera irregular, obvio, pero las mantenían guardadas y es por eso que al Ministerio Público le interesa saber la naturaleza de por qué no la entregaron (para la venta)", puntualizó el persecutor.
Además de los tres lanzacohetes, al grupo le fueron incautadas dos escopetas, una pistola Glock con dos cargadores y munición balística de diversos calibres.
En la investigación no se descarta que haya más efectivos del Ejército en servicio activo involucrados, y se indagará sobre la ejecución del protocolo militar para el robo de armas y municiones.
