Municipio de La Florida demuele supuesta "narco casa": Su dueña está en prisión preventiva

Por segunda vez este mes, el Municipio de La Florida, en conjunto con personal de Carabineros, encabeza la demolición de una supuesta "narco-casa" identificada por la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado, ubicada en la Avenida Santa Amalia.

Al igual que el operativo desplegado hace dos semanas, los propietarios fueron notificados con anticipación por el Departamento de Inspecciones de la Dirección de Obras Municipales (DOM), trámite que fue firmado el 25 de enero por Michel Maldonado Paredes, hijo de la dueña del inmueble.

Se trata de Patricia Paredes de 43 años, conocida como "Carpin", quien se encuentra en prisión preventiva por tráfico de drogas, y que además presenta causas en el 14º Juzgado de Garantía de Santiago por hurto simple (2006 y 2007) y amenazas a Carabineros (2011).

El conviviente de la propietaria es Orlando Maldonado de 47 años, alias "El Guatón Pancho", quien presenta dos condenas por tráfico de drogas (2011 y 2017), y una causa por una riña desatada en 2011 debido a una disputa de territorio. Asimismo, Paredes lo denunció en 2011 por violencia intrafamiliar.

"Se hizo una fiscalización en función de la información que nos proveyó la Fiscalía", explicó el administrador municipal Daniel Reyes, planteando que "la vivienda incumple cierta normativa urbanística, por tanto, corresponde la demolición parcial", específicamente del segundo piso completo, al tratarse de una ampliación irregular.

El funcionario recalcó que "la propietaria está cumpliendo prisión preventiva, es una persona que además tiene antecedentes penales y reiteradas detenciones por distintos tipos de delito; en este caso, es objeto de una investigación formalizada por infracción a la Ley 20.000".

Según vecinos, el hijo y la pareja de la dueña salieron del domicilio alrededor de las 7:00 horas con otra pareja en una camioneta cargada, que también es de propiedad de la imputada.

Volvieron cerca de las 8:40, cuando se percataron del procedimiento, en el que participan cerca de 100 funcionarios municipales, aunque no se han resistido a su desarrollo, y aparentemente todos los muebles del segundo piso de la casa estaban embalados.

En la antesala a la demolición, la propietaria interpuso un recurso de protección para impedirla, el que fue declarado inadmisible por la Corte de Apelaciones de Santiago el 9 de febrero.