La nave, que zarpó desde Ecuador con destino a Jordania, llevaba 397 kilogramos de la droga.
Dos personas fueran detenidas, un chileno y un ecuatoriano.
La Policía de Investigaciones (PDI) y la Unidad Regional Antinarcóticos de la Fiscalía de Valparaíso llevó a cabo la operación.
Un amplio operativo antinarcótico terminó con el decomiso de 31 millones de dólares en cocaína de alta pureza (equivalente a 19 mil 862 millones de pesos) que iban a embarcarse en un buque en el puerto de San Antonio, Región de Valparaíso.
El barco se encontraba en la costa chilena luego de haber zarpado desde Ecuador con destino a Jordania, en el Medio Oriente.
La investigación comenzó en octubre por parte de la Unidad Regional Antinarcóticos (URAN) de la Fiscalía Regional de Valparaíso, a partir de una incautación de droga que se realizó en Chipre, informó el fiscal a cargo del caso, Víctor Ávila.
En conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI), se llevaron adelante diligencias que dieron con la existencia del barco, y el Servicio Nacional de Aduanas proporcionó un camión escáner que funciona similar a los utilizados en los aeropuertos para revisar los contenedores.
El subdirector de Fiscalizaciones del servicio, Javier Uribe, destacó que "el camión, con su tecnología, permitió a través de las imágenes visualizar que había algún cuerpo extraño, estos eran tres generadores (de energía) que venían al interior de un contenedor".
"Se sacaron los generadores, se encanearon y, entonces, luego de tener con las imagenes alguna confirmación, procedimos a perforar y en un doble fondo venían los paquetes", detalló.
Así, fueron detectados 397 kilogramos de cocaína de alta pureza, los que fueron incautados.
El fiscal Ávila destacó que es la primera incautación que deriva de una investigación previa en la historia de la Reforma Procesal Penal.
A raíz del hecho, dos personas fueran detenidas, un ciudadano chileno, Cristian Orrego Rojas, y Eduardo Canales Gómez, de nacionalidad ecuatoriana, por su responsabilidad en el cargamento.
Ambos fueron formalizados en el Tribunal de Garantía de San Antonio, el cual accedió a la petición que formuló la URAN y decretó la prisión preventiva.
Además, el tribunal estableció un plazo de investigación de seis meses, lapso donde la Brigada Antinarcóticos trabajará para establecer los nexos de estas personas para reunir la cocaína y saber cómo operaban tanto en Ecuador como en Medio Oriente.
