El Gobierno negó que los dos colombianos que fueron detenidos la semana pasada por agredir a carabineros que realizaban controles preventivos en el Barrio Franklin se encuentren inubicables.
Mediante una declaración pública, la Subsecretaría del Interior salió al paso de la "información publicada en medios de comunicación" que daba cuenta de esta situación, especialmente llamativa debido a que el Gobierno había anunciado que gestionaría su expulsión "por razones de seguridad interior del país".
El hecho ocurrió el 18 de julio, cuando un grupo de alrededor de 20 extranjeros se negó a entregar sus documentos a los uniformados que realizaban el procedimiento.
La turba golpeó en el suelo a un motorista de Carabineros, lo que obligó un despliegue de otros funcionarios para frenar la agresión. Al final, el procedimiento que terminó con 18 detenidos, tres de ellos aprehendidos por agredir directamente a los funcionarios: dos colombianos y un haitiano.
A este último la Fiscalía lo formalizó por maltrato de obra a Carabineros, pero el tribunal le dio arraigo nacional y firma quincenal debido a que estaba con su situación migratoria al día, informó esta tarde La Segunda.
Respecto a los colombianos, identificados como José Valencia y Roberth Zúñiga, se utilizó la figura de "canje penal", ya que fueron considerados los nombres y el rut que ambos entregaron cuando fueron detenidos. Durante el control de detención de los sujetos, el Ministerio Público pidió extender el plazo de investigación hasta el lunes 22 de julio, porque no se sabía si su identidad era verdadera.
Estos dos sujetos fueron imputados por atentado contra Carabineros y amenaza a la autoridad. En la audiencia se supo que, durante el incidente, Valencia amenazó a uno de los uniformados y le dijo: "Te voy a matar, aquí traigo mi pistola".
Sin embargo, la jueza del Séptimo Juzgado de Garantía Marcia Figueroa dispuso la libertad inmediata de los imputados desde el penal Santiago 1, y optó por aplicarles la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno.
Los sujetos entregaron sus respectivas direcciones en Maipú y Estación Central, pero en la audiencia de formalización se explicó que no figuraban en el registro de Carabineros ni tampoco en el de la PDI, ya que ingresaron de manera irregular a Chile.
La Fiscalía sostiene que ambos compraron dos identidades falsas, como ha ocurrido en otros casos similares, lo que les permite quedar sin extracto de filiación ni antecedentes penales.
Ministerio Público apeló las cautelares
La Segunda preguntó a la Subsecretaría del Interior en qué iba el proceso de expulsión de los imputados, y la respuesta fue que los sujetos ya habían sido notificados de éste.
Consultada también la Subsecretaría respecto a si le constaba que los sujetos se encontraban en sus respectivos domicilios, la respuesta fue que se desconocía esa información.
Desde el Poder Judicial indicaron que no existe un acta de incumplimiento de dichas medidas cautelares, y en caso de que exista un eventual incumplimiento, Carabineros debería haberlo informado al Ministerio Público.
La Fiscalía Centro Norte indicó que, hasta el momento, no ha recibido notificación de la policía uniformada. Sin embargo, y considerando los mencionados antecedentes, el Ministerio Público ingresó una apelación para que se cambie la cautelar de los dos colombianos por prisión preventiva.
