La PDI detalló que no se trató de una expulsión masiva, pues cada uno de ellos tuvo su proceso judicial.
Las expulsiones se concretaron durante las primeras horas de este jueves.
En un avión de la Fuerza Aérea se concretó este jueves por la mañana la expulsión de 51 ciudadanos colombianos debido a la comisión de delitos graves en el país.
Según el desglose, 32 de ellos ya habían cumplido su condena en el país o ya llevaban al menos tres cuartas partes de esta, por lo que estas expulsiones fueron ordenadas por los tribunales de justicia.
En tanto, los 19 restantes habían cometidos delitos en el país o eran requeridos por la justicia colombiana, por lo que fueron deportados vía administrativa por el Gobierno.
Aunque se trata de medio centenar de personas que fueron enviados en vuelo directo a Bogotá, la PDI explicó que no se trata de una expulsión masiva.
"Continuamente se materializan expulsiones a países vía aérea y, por convenios internacionales, no se pueden expulsar más de dos personas, por lo tanto, esto viene a dar una solución bastante ahorrativa para el Gobierno por cuanto se pueden materializar 50 expulsiones al mismo tiempo", dijo el jefe de Policía Internacional, el prefecto Bernardino Cárdenas.
"Hay que hacer presente que esto no corresponde a una expulsión masiva. Cada extranjero tiene su proceso, ya sea penal o administrativo, con sus recursos correspondientes. Han sido expulsados más de 1.100 extranjeros. Hay un aumento de un 43 por ciento en comparación con el año pasado", añadió el funcionario policial.
El Ministro del Interior, Andrés Chadwick, asegura que el Gobierno tomará "todas las medidas" para que las "personas que permanecen en forma irregular en el país y que además puedan tener prontuario policial puedan ser expulsadas".
Según las autoridades todas estas personas cometieron delitos graves en Chile o en Colombia, relacionados con tráfico de drogas, robos con violencia e intimidación, clonación de tarjetas e incluso violaciones contra menores.
Se dispuso en este traslado de una enfermera, además de un equipo médico para asegurar las condiciones establecidas en acuerdos internacionales.
Si bien a la fecha ya son 1.102 expulsados a la fecha, el Gobierno estima que a final de año la cifra supere los 2.000.
SJM: "No hagamos de los migrantes nuestra agenda política"
José Tomás Vicuña, director del Servicio Jesuita Migrante (SJM), pidió que "no hagamos de los migrantes nuestra agenda política", además de emplazar al Gobierno a encabezar "procesos amparados en los DD.HH, no en metas transitorias".
Las cifras del SJM indican que en los últimos cinco años el Estado ha autorizado 6.000 deportaciones, por lo que Vicuña insistió que "esto no es algo nuevo, no hagamos de esto algo mediático (...)Y, por otro lado, garanticemos los Derechos Humanos y el debido proceso. Esto no es una competencia por quién deporta más gente".
Por su parte, el secretario de la Coordinadora Nacional de Migrantes, Rodolfo Noriega, cree que el Gobierno está usando estas deportaciones para cambiar la agenda.
"Se está usando políticamente el tema de la migración. Lamentamos que esta sea una actitud que ya es reiterativa en ciertos sectores, en este caso en el Gobierno, como una especie de distractivo para poder descentrar la agenda en Chile", expresó Noriega.
El dirigente llamó a "no caer en esto de la criminalización de la migración, porque se está pretendiendo mostrar que el tema de la migración está marcado por el tema de la seguridad y por el tema de extranjeros que sean infractores de ley o que hayan cometido delitos".
