Kevin Garrido recibió 17 años de presidio mayor, mientras que Joaquín García fue condenado a 13 años.
Los hechos ocurrieron en el 2015.
La defensa de los acusados indicó que buscarán apelar al fallo.
Este miércoles se dictaron las sentencias para los dos condenados por la instalación de un artefacto explosivo afuera de la 12ª Comisaría de San Miguel y la detonación en la Escuela de Gendarmería de San Bernardo, hechos ocurridos el 29 de octubre y 19 de noviembre de 2015, respectivamente.
Los acusados fueron declarados culpables por la Justicia el pasado 15 de agosto por los delitos de colocación de artefactos explosivos, tenencia de material explosivo y porte ilegal de armas.
El Sexto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago condenó a Kevin Garrido Fernández a 17 años de presidio mayor en su grado máximo como autor de la colocación de los artefactos explosivos, posesión y tenencia de elementos, además de 61 días por porte ilegal de arma punzante.
Por su parte, Joaquín García Chanks fue condenado a 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio por colocación de artefactos explosivos y a tres años y un día por porte ilegal de arma de fuego.
"Sin duda las penas son altas, pero también obedece a que son varios hechos por los cuales fueron condenados los acusados. Acá hubo una investigación bastante acuciosa y seria, que se prolongó por aproximadamente dos años y en ese contexto se lograron recabar antecedentes suficientes", indicó el jefe de la zona Metropolitana Sur, el fiscal Raúl Guzmán, agregando que "son penas que se condicen con esta gravedad".
"Se lograron recavar antecedentes suficientes para identificar a los autores de estos hechos y, segundo, para establecer la gravedad de este tipo de hechos y su afectación a la convivencia y a la vida cotidiana de las personas en nuestra sociedad", destacó el persecutor.
La defensa de los acusados analizan una posible apelación
La defensa de los acusados aseguraron que están en la espera de tener el informe completo de la sentencia para poder revisarlo y analizar una posible apelación.
La defensora pública de Garrido Fernández, Alicia Parra, indicó que analizan pedir la nulidad del fallo: "el cuestionamiento siempre estuvo con la calidad de la prueba que se refería a la participación de Kevin con el artefacto que se colocó en la 12ª Comisaría".
"Se planteó que la prueba que se había rendido resultaba insuficiente para tener por acreditada la participación de mi entrepretado. Estábamos esperando el fallo para saber cómo el tribunal construye los antecedentes para formar convicción respecto de la participación. Tenemos muchas dudas al respecto y en ese punto es donde vamos a centrar el estudio para un eventual recurso de nulidad", explicó la abogada.
De la georreferenciación a la evidencia química: las técnicas de la investigación
El capitán del Departamento OS9 de Investigación de Organizaciones Criminales de Carabineros Gabriel Bustamante, destacó que, a través de "un trabajo técnico referente a teléfonos celulares, se logró determinar posicionamiento, la georreferenciación, de estos individuos, el día y la hora que fueron cometidos estos hechos".
En tanto, el capitán Marcos Fuentes, del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), agregó que se logró revacar "evidencia genética, evidencia química que, de alguna manera, permitió vincular los casos. También hubo trabajo respecto a cómo estaban conformados los artefactos o la relación que tenían entre ellos, que de alguna manera permitió ligar a estas personas".
"(Los artefactos eran) Similares en su conformación, en los explosivos, que se utilizaron y, también, en los sistemas de activación", indicó el oficial.
Por su parte, la Fiscalía Metropolitana Sur ha dicho que sigue con las diligencias para dar con los responsables de los artefactos explosivos que afectaron a Óscar Landerretche (en enero de 2017, cuando el economista era presidente del directorio de Codelco) y Sergio Landskron (joven que falleció en septiembre de 2014 luego de la explosión de una bomba en Santiago), que se mantienen sin detenidos.
