Una organización criminal transnacional dedicada a la obtención de cédulas de identidad para extranjeros mediante documentación fraudulenta, fue desarticulada en tres regiones del país.
La denominada "Operación Los Rodríguez", comenzó a desarrollarse a fines de 2021 y se concentró en las regiones de Antofagasta, Coquimbo y O'Higgins.
El subprefecto Carlos Paz, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI La Serena, explicó que los primeros antecedentes fueron obtenidos hace casi dos años y, a la larga, dieron pie para "reunir la evidencia necesaria para identificar e intervenir a los miembros de una organización criminal".
Quienes están detrás son "extranjeros de nacionalidad venezolana y boliviana que habían conformado una estructura para defraudar al Estado de Chile, aprovechando la automatización y digitalización de los trámites migratorios en el contexto de la pandemia", señaló Paz.
ONEROSO SERVICIO
La banda cobraba entre 500 mil y un millón de pesos por cada cédula de identidad nacional que entregaba a los extranjeros. Sólo en la Región de Coquimbo lograron que el Registro Civil emitiera 580 cédulas de identidad temporarias para extranjeros y 22 permanencias definitivas para migrantes.
La banda actuaba proporcionando documentación falsificada al Servicio, indicó Freddy Salinas, fiscal de Focos La Serena: "Con esos documentos (fraudulentos) concurrían al Registro Civil para obtener cédulas provisorias. Algunos casos estaban en etapas de obtener cédulas definitivas".
ASOCIACIÓN ILÍCITA
En el marco de esta investigación ya "hay tres formalizados: el líder está en prisión preventiva; el segundo que era un captador de personas de nacionalidad extranjera, que también en prisión preventiva; y una tercera imputada, que facilitaba su cuenta para la recaudación del dinero obtenido ilícitamente, también está en prisión preventiva por peligro de fuga", indicó Salinas.
Los tres involucrados estaban de manera irregular en Chile, pero tenían cédula nacional temporaria, que también habían conseguido vulnerando el sistema.
"Todos se encuentran imputados por asociación ilícita, lavado de activos, falsificación de instrumento público y por un delito de la Ley de Migraciones en la obtención fraudulenta de cédula de identidad", detalló el persecutor.
La investigación sigue adelante para determinar si los casi 600 usuarios de las cédulas de identidad obtenidas mediante engaño tuvieron acceso a los beneficios, subsidios, ayuda social o financiera del Estado que se destinaron para superar los problemas económicos que provocó la crisis sanitaria, perjuicio multimillonario cuya cuantía hasta el minuto está en estudio.
