El fiscal metropolitano Centro-Norte, José Morales, ingresó una solicitud al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para acceder a las cuentas corrientes, cartolas, tarjetas de crédito y otros productos bancarios del ingeniero Rafael Garay, desde octubre de 2011 a la fecha, lo que fue autorizado por la jueza de garantía Carla Cappello.
En el mencionado tribunal se tramita la investigación contra el prófugo de la justicia chilena por los delitos de apropiación indebida y estafa, que comprometen a más de 1.700 millones de pesos y afectan a 36 personas.
En el escrito, el fiscal Morales advierte que en las últimas semanas "la cuantía de la apropiación indebida y estafa a los clientes ha aumentado" y que "ha quedado claro que no había tratamiento de enfermedad alguno en Chile", por lo que se concluye que Garay "preparó su huida del país y que no pretende responder voluntariamente a la acción de la justicia".
"Considerando que el imputado se encuentra actualmente en Rumania, país que ha señalado oficialmente que requiere una solicitud de extradición formal a efectos de detener al imputado Garay Pita, es que es urgente conocer el contenido de los otros productos bancarios que registra el imputado y su sociedad", afirma Morales en el documento citado por El Mercurio.
Detalles de los contratos
En el escrito, Morales hace referencia a que los inversores "suscribieron contratos de asesoría con la empresa Think & Co., cuyo representante legal es Rafael Garay Pita", quien se encargaría de "administrar este dinero, comprometiéndose a una rentabilidad mínima de 18 por ciento nominal anual en pesos, libre de impuestos y antes de comisión".
"Como resultado de esta gestión, Think & Co. cobraría una rentabilidad anual de siete por ciento sobre la utilidad acumulada en el período", añade la solicitud emitida por el fiscal Morales.
De acuerdo a las informaciones emitidas por el Banco de Chile, "entre los traspasos de fondos que generaron el saldo actual (dos mil 536 pesos) existen numerosos traspasos del imputado a su propia cuenta corriente, pero ninguna información de las supuestas inversiones que se mencionaban en los contratos firmados".