El Segundo Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago condenó este jueves a siete años de presidio al autodenominado economista Rafael Garay, quien fue declarado culpable de los delitos consumados de estafas reiteradas contra 29 personas, por un monto aproximado de 1.300 millones de pesos.
La pena deberá ser cumplida de forma efectiva, ya que "no cumpliendo el sentenciado con los requisitos legales, no se le concede pena sustitutiva para el cumplimiento de la pena corporal impuesta, la que deberá cumplir de forma efectiva (...) debiendo serle reconocido el tiempo que ha sido privado de libertad".
Además, deberá pagar una multa de 21 UTM (un millón de pesos) al Fisco y de 891 millones de pesos por concepto de "daño emergente" a las víctimas que denunciaron el hecho.
Junto a esto, se consideraron como atenuantes su colaboración al proceso y su irreprochable conducta anterior, pero no la reparación a las víctimas.
El fiscal José Morales indicó que "la Fiscalía está conforme, se acreditaron los hechos que habían sido presentados a juicio, el Tribunal además considero que la gravedad de los hechos derivaron a una pena privativa de libertad, lo cual obviamente para nosotros es importante".
Uno de los abogados querellantes en el caso, Sabas Chahuán, planteó que la decisión "nos deja tranquilos, es una pena proporcionada, se le reconoció solamente un atenuante, pero se aumentó la pena en conformidad a una norma que reiteradamente habíamos solicitado que se aplicara, que es el Artículo 851 del Código Procesal Penal, que nos parece que dentro de la legislación vigente del Código Penal es una pena ajustada a derecho".
Defensa apelará a decisión
El abogado defensor de Garay, Daniel Celis, confirmó que recurrirán de nulidad en los próximos 10 días, ya que "objetivamente es muy sorpresivo, en Chile es primera vez que hemos asistido a una condena tan alta por un delito económico".
"Hay personas que están condenadas por homicidio que tienen penas mucho menores, hay personas que están condenadas por delitos sexuales que tienen penas menores que Rafael Garay, y hay personas que han estafado a tres mil, cinco mil personas, en materias similiares; montos cuarenta, cincuenta veces mucho mayores y que el día de hoy o están con libertad vigilidad intensiva o están cumpliendo una pena menor a cinco años. La única conclusión que me resta es la presión mediática", señaló el jurista.
"No sé si existe un parangón distinto o una forma de medir similar a lo que acaba de ocurrir hoy día", agregó Celis.
Respecto de esta crítica, el juez Nelson González remarcó que les competía resolver sólo con las pruebas que se presentaban en esta causa.
Sin embargo, González dijo que llamaría la atención que, en circunstancias similares, no se haya llegado a resultados similiares considerando que existen las herramientas legales para ello.
En la sentencia, que había sido dada a conocer hace 10 días, se precisó que las pruebas rendidas por el Ministerio Público probaron que el ingeniero comercial no desarrolló inversión alguna para sus clientes y ofreció falsas asesorías en la materia, y se amparó en sus credenciales profesionales y sus constantes apariciones en televisión para atraerlos.
En el marco de la estafa que se extendió por alrededor de cinco años, Garay entregó a los clientes de su empresa Think & Co. supuestas rentabilidades, las cuales eran inexistentes y no provenían de inversiones, sino que de dineros entregados por otras víctimas.
También se cuestionó el falso cáncer que Garay dijo padecer en su momento, antes de abandonar el país y sus millonarios gastos en lujos, sin importarle las necesidades de sus víctimas, como el caso de Víctor Mellado, que invirtió parte de la indemnización por un accidente laboral que lo dejó incapacitado de por vida.