Las instituciones que integran el Circuito Intersectorial de Femicidio sostuvieron una reunión extraordinaria este jueves para abordar las irregularidades que permitieron al femicida Sebastián Vásquez fugarse de la Cárcel de Puente Alto para secuestrar y matar a su ex pareja Teresa Ponce, joven de La Granja cuyos restos fueron hallados en Copiapó.
Al encuentro asistieron representantes del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, del Ministerio de Justicia, de la Subsecretaría de Prevención del Delito, de Gendarmería y de Carabineros, y se discutió en particular la salida dominical con la que el reo contaba desde noviembre pasado, pues se consideró que tenía un riesgo de reincidencia bajo.
Considerando aquello, se acordó convocar a un encuentro urgente con el Ministerio Público para avanzar en la entrega de información a familiares, policías y otros organismos antes de otorgar estos beneficios.
La ministra de la Mujer, Mónica Zalaquett, incluso comprometió que "hemos visto que hay espacio de mejora, y nos hemos dado un plazo determinado para comenzar a incorporar herramientas que hoy día existen y que van a poder permitir mejorar los protocolos".
"Se van a empezar a utilizar informes que tienen la perspectiva de género para analizar el perfil o qué situación tiene ese agresor antes de poder definir si se le van a entregar permisos carcelarios", adelantó.
El titular de Justicia, Hernán Larraín, señaló que "seguimos aprendido de que no basta con el cumplimiento de los plazos, sino que además necesitamos asegurar por informes precisos de realmente la peligrosidad potencial que puede tener alguien, que cumpliendo los plazos todavía no está en condiciones de tener un beneficios, y para lo cual, incluso a beneficios internos o penitenciarios, requieren de una mayor exigencia".
"Hay revisiones y hay precisiones que se van a hacer en el contexto de este tipo de delitos para tener mayor exactitud en la elaboración de los informes que puedan facilitar que el consejo técnico otorgue un beneficio, y eso es lo que nosotros vamos a estar atento de trabajar y poder mejorar esos procesos", agregó.
A juicio de Carolina Sepúlveda, codirectora de la Comisión Penal de la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem), actualmente "hay una falta de control y de criterio al evaluar las salidas, las libertades condicionales y los beneficios de este tipo", y si bien "ocurre en general, especialmente respecto de este tipo de condenados por violencia de género y cuestiones tan graves como esta".
"Creo que esto se relaciona con la falta de existencia de una ley de ejecución penal; estas cuestiones se han relegado a Gendarmería, que sabemos que no tiene una particular formación en este tipo de cuestiones", sostuvo.
Por su parte, Lorena Astudillo, integrante de la coordinación nacional de la Red Chilena contra la Violencia, expresó que "se hacen reuniones de emergencia después de que a las mujeres ya nos han matado, nos han violado, nos han abusado, y nosotras con rabia, con impotencia, vemos el poco valor que tiene la vida de las mujeres para la institucionalidad de este país".
"¿Qué es lo que se está haciendo mal? Bueno, en Chile ni siquiera existe jurídica o institucionalmente el concepto de violencia hacia las mujeres. Vemos como a los cargos de elección popular usan la violencia hacia las mujeres, vuelve a hablar, pero en realidad ni siquiera se han hecho políticas públicas al respecto, entonces qué es lo que no se ha hecho, bueno nos falta un montón", cuestionó.
Si eres víctima o testigo de violencia contra la mujer, llama a cualquiera de los siguientes números:
- Fono Familia de Carabineros: 149.
- Policía de Investigaciones: 134.
- Fono de orientación y ayuda por violencia contra las mujeres: 1455.
- Fono Denuncia Segura: 600 400 0101.
- WhatsApp Mujer +569 9700 7000.
