Fue condenado por femicidio, pues el juicio acreditó "sentimientos de desprecio y discriminación hacia su calidad de mujer".
Roberto Márquez Torres originalmente declaró que la víctima, de 62 años, había viajado a San Antonio para reunirse con una persona que conoció en Facebook.
El Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó a presidio perpetuo a un sujeto llamado Roberto Márquez, por su participación en el femicidio consumado de su suegra, hecho ocurrido en septiembre de 2021 en Renca.
El caso comenzó como una presunta desgracia, luego que el sujeto -última persona que vio con vida a la mujer- asegurara que había viajado a San Antonio para concretar una cita con una persona que conoció por Facebook, aunque luego comenzó a cambiar su versión de los hechos.
El tribunal acreditó que "durante la noche y/o madrugada que transcurrieron entre los días 3 y 4 de septiembre de 2021, el imputado Roberto Márquez Torres, mientras se encontraba en el domicilio ubicado en calle Angamos, comuna de Renca, agredió a María Amparo Velásquez Garcés, de 62 años de edad, efectuando en su contra una maniobra mecánica de compresión cervical de alta energía que se denomina estrangulación, lo que le provocó su muerte".
Posteriormente, "el imputado parcializó el cadáver de la víctima al menos seis segmentos, los que incorporó en bolsas", depositando los restos en la ladera del cerro Renca, con el fin de ocultarlos e impedir su hallazgo.
"El imputado ejecutó este acto motivado por su desprecio y discriminación hacia doña María Amparo Velásquez, de lo que da cuenta tanto la forma ominosa de comisión de este delito en el que, no conforme con matarla, la corta en parcialidades y esconde su cuerpo, sino también porque expresaba respecto de ella sentimientos de desprecio y discriminación en su calidad de mujer", se lee en el fallo.
Además, se le impuso al condenado la pena accesoria especial de prohibición de porte y tenencia de armas de fuego, por el término de dos años, la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos por el tiempo de vida del penado y la sujeción a la vigilancia de la autoridad por 5 años en caso de que alguna vez recupere la libertad.
