El Gobierno negó que los dos colombianos que fueron detenidos la semana pasada por agredir a carabineros que realizaban controles preventivos en el Barrio Franklin de la comuna de Santiago se encuentren inubicables.
Mediante una declaración pública, la Subsecretaría del Interior salió al paso de la "información publicada en medios de comunicación" que daba cuenta de esta situación, especialmente llamativa debido a que el Ejecutivo había anunciado que gestionaría su expulsión "por razones de seguridad interior del país".
El hecho ocurrió el 18 de julio, cuando un grupo de alrededor de 20 extranjeros se negó a entregar sus documentos a los uniformados que realizaban el procedimiento.
La turba golpeó en el suelo a un motorista de Carabineros, lo que obligó un despliegue de otros funcionarios para frenar la agresión. Al final, el procedimiento que terminó con 18 detenidos, tres de ellos aprehendidos por agredir directamente a los funcionarios: dos colombianos y un haitiano.
A este último la Fiscalía lo formalizó por maltrato de obra a Carabineros, pero el tribunal le dio arraigo nacional y firma quincenal debido a que estaba con su situación migratoria al día, informó esta tarde La Segunda.
Durante el control de detención de los colombianos, identificados como José Valencia Tobar y Roberth Julian Zúñiga Ruiz, el Ministerio Público pidió extender su arresto hasta el lunes 22 de julio, porque no se sabía si su identidad era verdadera.
Estos dos sujetos fueron formalizados, en definitiva, por atentado contra Carabineros y amenaza a la autoridad. En la audiencia se supo que, durante el incidente, Valencia amenazó a uno de los uniformados y le dijo: "Te voy a matar, aquí traigo mi pistola".
Sin embargo, reseñó el vespertino, la jueza del Séptimo Juzgado de Garantía Marcia Figueroa dispuso la libertad inmediata de ambos imputados desde el penal Santiago 1 los dejó bajo la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno.
Los sujetos entregaron sus respectivas direcciones en Maipú y Estación Central, pero en la audiencia de formalización se explicó que no figuraban en el registro de Carabineros ni tampoco en el de la PDI, ya que ingresaron de manera irregular a Chile.
La Fiscalía sostiene que ambos compraron dos identidades falsas, como ha ocurrido en otros casos similares, lo que les permite quedar sin extracto de filiación ni antecedentes penales.
NOTIFICADOS POR LA PDI
La Segunda había consultado a la Subsecretaría del Interior en qué iba el proceso de expulsión de los colombianos, y la respuesta fue que los sujetos ya habían sido notificados de éste.
Consultada luego la Subsecretaría respecto a si le constaba que los sujetos se encontraban en sus respectivos domicilios, la respuesta fue que se desconocía esa información, mientras que desde el Poder Judicial indicaron que no existe un acta de incumplimiento de las medidas cautelares, y en caso de que éste se dé, Carabineros debería haberlo informado al Ministerio Público.
La Fiscalía Centro Norte indicó, por su parte, que hasta el momento no ha recibido notificación de la policía uniformada, y que dados los antecedentes del caso, ya ingresó una apelación para lograr prisión preventiva.
En un comunicado de prensa posterior a esta publicación, la Subsecretaría del Interior detalló que para ambos colombianos ya "se dictaron las resoluciones de expulsión del país y prohibición de ingreso por 10 años", en virtud de "una facultad extraordinaria para expulsar por razones de seguridad".
Tras ello, "se instruyó a la Policía de Investigaciones la noticiación presencial, la cual se realizó en los domicilios respectivos los días 23 y 24 de julio"; es decir, martes y miércoles.
PROYECTO DEL GOBIERNO PARA AGILIZAR EXPULSIONES
Interior enfatizó que, según "establece la ley, estas expulsiones solo se pueden ejecutar una vez concluido el proceso judicial de los imputados", pero "desde el Gobierno tenemos la firme convicción que, en casos como este, las expulsiones deben ejecutarse de manera inmediata".
En línea con dicho planteamiento, el 13 mayo último se presentó un proyecto de ley que "permite la expulsión inmediata, con la autorización previa del juez", y que se encuentra en su primer trámite.
Adicionalmente, respecto a la situación específica de los colombianos, "el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que es querellante en esta causa, solicitó la prisión preventiva para ambos imputados, no obstante el tribunal sólo determinó la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional".
Aun así, "por considerar a los imputados un peligro para la seguridad de la sociedad, el Ministerio apeló con el objeto de lograr la prisión preventiva", cierra la nota gubernamental.
