La medida también aplica a otros dos criminales venezolanos.
Los tres fueron declarados "enemigos extranjeros" por Washington.
Estados Unidos anunció este lunes la extradición a Chile de tres venezolanos que supuestamente pertenecen a la banda criminal transnacional Tren de Aragua (TdA) en un momento en el que Washington argumenta que el grupo invadió su territorio e invoca una ley para expulsar extranjeros de manera sumaria.
El Departamento de Justicia estadounidense explicó en un comunicado que las tres personas sujetas a extradición son Adrián Rafael Gámez Finol, Miguel Oyola Jiménez y Edgar Javier Benítez Rubio, que entraron ilegalmente en EEUU y que están en busca y captura por parte de las autoridades chilenas "por delitos violentos", incluyendo homicidio o secuestro.
Gámez Finol, de 38 años, con doble nacionalidad venezolana y colombiana, conocido también como Rafael Enrique Gámez Finol o por el alias 'El Turco', fue detenido en enero en EE.UU. y está considerado por Chile como el líder de la organización criminal Los Piratas de Aragua, una facción del Tren de Aragua, y el autor intelectual del asesinato en Santiago del exmilitar y opositor venezolano Ronald Ojeda, asilado en el país.
El vicefiscal general estadounidense, Todd Blanche, indicó en el comunicado que "debido a su afiliación a TdA", los tres "han sido declarados Enemigos Extranjeros".
"Ya habríamos deportado a estos violentos pandilleros a Chile para que se enfrentaran a la justicia si no fuera por la orden judicial a nivel nacional impuesta por un solo juez en Washington, la cual estamos impugnando hoy en el Circuito del Distrito de Columbia", añadió Blanche.
El presidente Donald Trump ha asegurado que el TdA está invadiendo el país y ha invocado la ley de Enemigos Extranjeros, una norma de 1798 que permite expulsar a extranjeros sin una vista judicial previa que se enarboló el pasado 15 de marzo para extraditar a unos 200 venezolanos a El Salvador, país que ha aceptado encarcelarlos en una de sus prisiones de máxima seguridad.
Desde ese mismo 15 de marzo, el juez federal del Distrito de Columbia James Boasberg mantiene bloqueada la aplicación de dicha ley, lo que ha llevado al propio Trump y a miembros de su Gobierno a pedir su destitución, poniendo en cuestión la separación de poderes en EEUU.
Está previsto que un tribunal de apelaciones escuche este lunes los argumentos del Departamento de Estado para la impugnación de la restricción temporal de Boasberg.
