Dos funcionarios activos de la PDI fueron detenidos, formalizados y desvinculados tras concluir un operativo de la Brigada de Trata de Personas (Bitrap) -de la misma institución- que buscaba desbaratar el comercio sexual en el casco histórico de la comuna de Santiago.
Se trata de Sebastián Peredo y Nicolás Ortega, quienes desarrollaban sus funciones en el Departamento de la Policía Internacional del Aeropuerto y la Brigada de Robos Oriente de la policía civil.
Según informó Mega, los hechos se originaron el 28 de noviembre de 2022, cuando funcionarios de la Bitrap detuvieron a una adolescente de nacionalidad venezolana de 17 años, quien estaba siendo explotada sexualmente en el Portal Fernández Concha, frente a la Plaza de Armas.
La menor estaba siendo forzada a ejercer comercio sexual por parte de una célula del Tren de Aragua, que le seguía los pasos y sabía cada uno de sus movimientos tras el arresto efectuado por la PDI.
Esto se debía a la información proporcionada por los mencionados detectives a Yariel Ulloa, un hombre de origen cubano cuya función al interior de la organización criminal era de captación y explotación sexual de víctimas.
Según informó la Fiscalía Centro Norte, Ulloa preguntaba y pagaba a Peredo y Ortega con el objetivo de que éstos le informaran sobre los operativos que realizaría la PDI, y también respecto a la ubicación de las víctimas.
El 29 de noviembre de 2022, cuando la adolescente aprehendida en Plaza de Armas era trasladada al Juzgado de Familia, recibió una llamada por parte de Ulloa, quien decía ser su padre. Sin embargo, la Bitrap solicitó autorización para intervenir el tráfico de llamadas del celular del presunto familiar, y en dicha revisión se encontraron con los hombres de Peredo y Ortega, los expolicías involucrados.
Y es que apenas la adolescente fue detenida, Ulloa se comunicó con sus dos "contactos" al interior de la PDI para que le informaran sobre su paradero, por lo que la célula del Tren de Aragua sabía la dirección exacta del recinto donde fue acogida por instrucción del Tribunal de Familia.
LA DETENCIÓN DE LOS EXPOLICÍAS INVOLUCRADOS
Mega detalló que el 15 de marzo la Bitrap detuvo a Sebastián Peredo, a Nicolás Ortega, al cubano Yariel Ulloa y a una colombiana llamada Aura Acosta, quien mantenía junto a este último una empresa de fachada para ocultar el dinero obtenido por la explotación sexual de las víctimas de trata de personas.
La detención de los cuatro presuntos involucrados se dio en un contexto de una fiesta de despedida al interior del departamento del ciudadano cubano, ubicado en calle Morandé, ya que éste último se iba a mudar a Estados Unidos.
Un día después de las detenciones, la PDI emitió un comunicado en el que anunciaba la desvinculación de Peredo y Ortega "por la gravedad de los hechos, e independiente de la investigación penal".
En dicha jornada, los cuatro imputados fueron formalizados por los delitos de asociación ilícita, trata de personas, lavados de activos y cohecho, instancia en la que se decretó la medida cautelar de prisión preventiva para todos los presuntos involucrados.
La persecutora de la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte, Carolina Suazo, informó hoy que se llevó a cabo una audiencia de revisión de la mencionada medida cautelar de uno de los expolicías formalizados, pero finalmente el tribunal resolvió mantenerla.
"UNA DE LAS AMENAZAS ES QUE CORROMPAN A LAS INSTITUCIONES"
Consultado por Cooperativa sobre la situación, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, expresó este viernes que "una de las grandes amenazas del crimen organizado en cualquier sociedad es que corrompan las instituciones y, por lo tanto, esto vuelve a colocar una alerta".
En esa línea, el subsecretario detalló que "las dos principales amenazas son los delitos violentos que uno los ve en la calle, pero lo que no ven las personas, y lo que es lo más grave son dos cosas: (que) no se ve la corrupción de las instituciones y no se ve el lavado de activos, porque finalmente el crimen organizado es un negocio, que obtiene renta ilícita y la lava".
"La segunda cara es que, en Chile, la posibilidad que tenemos de investigar organizaciones criminales -porque la ley lo permite desde el año 2022-, de interceptar teléfonos, de escuchar sus conversaciones, de colocar agentes encubiertos, de hacer vigilancia, permite obtener información para desbaratar la corrupción", explicó Monsalve.
"La información que permitió identificar a dos funcionarios que estaban colaborando con una organización criminal se hizo a través de técnicas especiales de investigación, en este caso a través de la interceptación telefónica", concluyó la autoridad.
