"Ley Sophia" es la denominación de una causa social surgida tras la muerte de un niña de dos años en Puerto Montt que presuntamente fue abusada sexualmente y asesinada por su padrastro.
El aparente crimen ha generado impacto en la ciudad y ha llevado a que su comunidad se manifieste con fuerza en demanda de penas más duras contra los abusadores y asesinos a niños, por lo que se plantean propuestas como la castración química y la restauración de la pena de muerte.
Ximena Jofré, vocera del movimiento, afirma que "está bien la cadena perpetua, pero que sea efectiva y que no se les dé derecho a beneficio" a los criminales; "que se les dé cero posibilidad de tener un beneficio para salir a la calle".
Asimismo, piden "que se amplíen las penas para los casos de pedofilia, que las penas que se les den a ellos sean tan efectivas como en este caso de parricidio".
Gobierno: "No es una medida disuasiva"
Desde el Gobierno afirmaron que la solución no va por esa línea. Según la secretaria del Consejo Nacional de la Infancia, Estela Ortiz, "ha quedado demostrado que no necesariamente el subir las penas soluciona el tema de la violencia".
"Lo que tenemos que hacer aquí, en primer lugar, es hacernos cargo de esta situación: vivimos en un país donde hay violencia. Para eso, debemos tener políticas intersectoriales que apunten a una mirada integral para erradicar la violencia", agregó.
En la misma línea, la vocera de Gobierno, Paula Narváez, dijo que La Moneda espera que haya justicia en este caso y que se apliquen las penas más altas.
"Esperamos que se puedan aplicar las penas más altas, respecto de mayores endurecimiento de penas. Algunos han hablado de poder reponer la pena de muerte, esda es una discusión que como país se ha dado, pero la pena de muerte no resulta ser una medida disuasiva", indicó la ministra.
