Los otros involucrados quedaron sujetos a medida cautelares leves.
Buscan aclarar si la venta del fusil pudiera relacionarse con posibles incidentes que eventualmente ocurran en marzo.
La transacción incluía 36 municiones, según la investigación.
En el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, bajo fuertes medidas de seguridad y a puertas cerradas, la Fiscalía Metropolitana Oriente formalizó a cinco personas acusadas por la compra y venta de un fusil AK-47 por 1,5 millones de pesos.
Se trata de tres hombres y dos mujeres que fueron imputados por el delito de porte y tenencia de armas de fuego y también de munición, en una audiencia que se desarrolló bajo el resguardo del grupo antimotines de Gendarmería.
La causa, de carácter reservado, es indagada por la Brigada contra el Crimen Organizado de la PDI y se inició con la interceptación de llamadas telefónicas.
Según la investigación dada a conocer por Biobío, en esas conversaciones los imputados acordaron la compra y venta del AK-47, de origen ruso, con 36 municiones, y en las mismas llamadas afirmaban que el armamento pertenecía a una mujer presuntamente ex militante del MIR, pero que le había sido incautada por militares en 1973.
Asimismo, la indagatoria también busca aclarar si la venta del fusil pudiera relacionarse con posibles incidentes que eventualmente ocurran en marzo, en el contexto de la crisis social que vive el país desde octubre pasado.
Tras la audiencia, dos de los imputados quedaron sujetos a la medida cautelar de arresto domiciliario total, mientras que un tercero quedó con firma quincenal y arraigo y el cuarto con arresto domiciliario parcial y se decretaron 120 días como plazo para la investigación.
Solamente uno de los involucrados quedó en prisión preventiva, como destacó el defensor penal público Herman Apablaza, quien representa a dos de los formalizados.
"Existen varios imputados que fueron formalizados en el contexto de la ley 17.798 de control de armas. Claramente no queremos entorpecer la investigación, que también tendrá un beneficio para nuestro representado", sostuvo.
Apablaza destacó que "la Defensoría Penal Pública representó a dos de los imputados, uno de los cuales quedó en prisión preventiva, el otro quedó con medidas cautelares menos intensivas que aquellas que fueron solicitadas por el Ministerio Público".
La causa es reservada y, por tanto, la audicencia se realizó a puertas cerradas y con resguardo de Gendarmería. "Por la naturaleza de la investigación es necesaria su reserva, la verdad hay antecedentes de investigación que son relevantes y de esa perspectiva no hay mayores antecedentes que les pueda entregar", explicó el fiscal Andrés Iturra.
