Cinco imputados quedaron en prisión preventiva y un sexto, con arresto domiciliario nocturno.
Diez sujetos fueron detenidos y hoy día se llevó a cabo la formalización en el Tribunal de San Felipe.
Este sábado, en el Juzgado de Letras y Garantía de Putaendo se realizó la formalización de los 10 detenidos por el violento asalto que afectó a una sucursal de BancoEstado en Putaendo, en la Región de Valparaíso.
Cuatro de los sujetos fueron liberados tras la audiencia, ya que el Ministerio Público no logró presentar pruebas suficientes que acreditaran su participación en el atraco.
Mientras que el tribunal determinó la medida cautelar de prisión preventiva para cinco imputados, identificados como Thomas Ignacio Leiva López, Vicente Alonso Gallardo Cancino, Víctor Jean Pierre Álvarez Ibaceta, Jonathan Alejandro Quiroz Gómez y Felipe Antonio Torres Fernandez.
Además, se decretó arresto domiciliario nocturno y orden de alejamiento de los funcionarios del BancoEstado para un sexto sospechoso.
Según el relato de los hechos del Ministerio Público, a las 7:50 horas del miércoles 6 de febrero, mientras dos funcionarios de la sucursal Putaendo del BancoEstado estaban abriendo las cortinas de ingreso al local, llegó un automóvil Jeep Grand Cherokee a alta velocidad con varios sujetos armados con pistolas en su interior, quienes intimidaron a ambas víctimas y les exigieron abrir la sucursal.
Ya en el interior, exigieron ir hasta las bóvedas del banco y la desactivación de la alarma, mientras apuntaban con las armas a los funcionarios y los amenazaban con dañar a sus familias. Para ello, les mostraban fotografías a las víctimas donde aparecían ingresando a sus domicilios y también de sus seres queridos, por lo que ambos trabajadores fueron hasta la bóveda y la abrieron para los imputados.
En total, desde las bóvedas los imputados sustrajeron una cifra aproximada de 190.700.000 pesos, además de 11.000 dólares y 3.400 euros. Luego, amarraron de manos a los dos trabajadores y los dejaron tendidos en el suelo.
Por otra parte, otros dos de los imputados estaban afuera del establecimiento con fusiles automáticos y se encargaban de vigilar el lugar y lanzar miguelitos al suelo. Estos últimos sujetos intimidaron a otras tres víctimas: una funcionaria del banco y otros dos transeúntes que pasaban en ese momento por las afueras del edificio, obligándolos a mantener sus manos en la nuca en caso de que llegara personal policial.
En la esquina comunal de Sarmiento con Portales, los imputados colocaron una cadena en el piso con soldados, una gran cantidad de miguelitos –para evitar el paso de automóviles– y lanzaron aceite quemado de vehículos al suelo.
Luego de recibir el llamado de emergencia, Carabineros envió sus vehículos hasta el lugar y testigos alertaron que los sujetos se cambiaron de vehículo a un furgón blanco y huyeron por calle Brasil hacia la comuna de San Felipe.
Otros testigos alertaron a la policía que dicho furgón fue visto en la ruta E-71 junto a un automóvil Station Wagon naranjo, donde finalmente el primer vehículo es encontrado por efectivos policiales y se inicia una persecución hasta la altura del centro recreacional "Karting Rubilar", donde son detenidos los imputados Gallardo Cancino, Álvarez Ibaceta y Leiva López.
Después, Carabineros se dirigió hasta un domicilio en el sector Las Coimas, donde testigos vieron ingresar al automóvil color naranjo. Allá, se entrevistaron y solicitaron el ingreso al lugar a la imputada Varas Riffo, cuya función era permitir el acceso rápido para que los otros detenidos pudieran esconderse en el inmueble y quien les dijo que iría a buscar la llave, sin regresar.
A través del domicilio vecino, la policía pudo ingresar percatándose de cuatro sujetos saltaban la pandereta posterior huyendo por previos vecinos. La policía logró la detención del imputado Quiroz Gómez –quien mantenía en su poder las llaves del automóvil naranjo– y del imputado Torres Fernández.
Tras revisar el domicilio, personal policial se percató de que el vehículo Station Wagon estaba estacionado al costado de la vivienda y también encontraron dos fusiles y dos pistolas calibre 9 milímetros, de las que una de ellas mantenía encargo por robo. Además, había 46 cartuchos calibre 9 mm., 15 cartuchos calibre 5.56 y 25 cartuchos calibre 7.62. Finalmente, se recuperó 178 millones en efectivo, que fueron encontrados en gavetas y bolsos.
Finalmente, la jueza ordenó el ingreso de los cinco imputados a prisión y fijó el plazo para la investigación de la causa en cuatro meses.
Fueron imputados en calidad de autores de los delitos de robo con violencia e intimidación, receptación de vehículos motorizados, receptación de especies, porte ilegal de armas de fuego prohibidas, porte ilegal de arma de fuego convencional, conducción de vehículo con placa patente falsa y asociación criminal.
Además, el tribunal dejó sujeta a Ambar Soledad Varas Riffo, imputada en calidad de encubridora de los ilícitos, a las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de acercarse a tres funcionarios de la sucursal comunal.
El fiscal Benjamín Santibáñez detalló que "las armas (utilizadas) están aptas para el disparo. Ahora, el hecho de que hayan sido disparadas con anterioridad no significa que en el procedimiento se hayan utilizado, sino que, al examen químico, arroja antecedentes que efectivamente estas armas habían sido disparadas con anterioridad".
El persecutor confirmó que los afectados fueron amenazados y con daños a sus familiares: "Las propias víctimas señalan que les exhibieron fotografías de familiares y fotografías de ellos mismos en actividades particulares, cerca de los domicilios y otros lugares", narró.
Además, indicó que hay sospechas de dos posibles involucrados que aún se encuentran prófugos.
En la audiencia de formalización, la magistrada Daniela Torres explicó que "en esta etapa reciente de la investigación, a menos de 48 horas realizado el ilícito, lo cierto es que la fiscalía el día de hoy y respecto a lo cual se allanó también la parte querellante, ha dado cuenta de antecedentes más que suficientes, contundentes y concordantes todos entre sí, que dan cuenta de una eventual participación de los imputados en el mismo".
"El delito es uno de los delitos más graves de nuestra legislación, es pluriofensivo, aquí no solamente está en juego la propiedad privada, no solo está en juego el patrimonio del Banco Estado, sino la vida e integridad de las personas que fueron afectadas por este ilícito", añadió.
"Además de la seguridad de la sociedad en general, entendiéndola como todos los ciudadanos de nuestra comuna, de nuestra región o del país, incluso, aquí también hay un peligro para la seguridad de las víctimas", indicó la jueza.
