El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó este domingo prisión preventiva para tres adultos y la internación provisoria de un menor de 14 años, imputados por su presunta participación en la encerrona frustrada que afectó al escolta del exministro Luis Cordero.
Durante la audiencia de formalización, el Ministerio Público imputó a los cuatro aprehendidos por tres delitos: robo con intimidación, porte ilegal de arma de fuego y receptación de arma de fuego.
Al evaluar las pruebas y antecedentes expuestos durante la jornada judicial, el tribunal resolvió que los tres imputados mayores de edad -el mayor de ellos de 25 años- deberán permanecer privados de libertad en prisión preventiva mientras dure el proceso de investigación.
En cuanto al imputado de 14 años, la magistratura resolvió aplicar la internación provisoria, medida cautelar contemplada bajo el régimen del sistema de responsabilidad penal adolescente.
Asimismo, se estableció un plazo de investigación de 90 días para desarrollar las diligencias de rigor.
Las penas asociadas a los ilícitos "podrían comenzar en los cinco años y un día", según el grado de participación acreditado. (FOTO: ATON)
Revólver con encargo por robo y la búsqueda de una segunda arma
Dentro de los elementos probatorios expuestos por la Fiscalía destaca la recuperación de un revólver marca Taurus en poder de los detenidos. Según se precisó durante la audiencia, "la víctima habría observado dos armas de fuego durante el intento de encerrona, aunque los investigadores consiguieron recuperar solo una".
Las primeras diligencias policiales permitieron determinar que el revólver incautado "mantenía un encargo por robo desde mayo de este año en San Bernardo", hecho que justificó la imputación adicional por el delito de receptación de arma de fuego.
Antecedentes del menor imputado y eventuales penas
La audiencia también sirvió para revisar la situación penal previa del adolescente de 14 años. Según se detalló en el tribunal, el joven ya registraba una condena por robo con intimidación dictada el 4 de mayo de 2026.
Por dicha causa, se le había impuesto una pena de dos años de libertad asistida, la que debía estar cumpliendo cuando ocurrieron los nuevos hechos que ahora son investigados.
Respecto a las sanciones que arriesgan los involucrados, se expuso que las penas asociadas a los delitos atribuidos podrían comenzar en los cinco años y un día, aunque su determinación dependerá de las circunstancias y del grado de participación que finalmente se acredite para cada uno de los imputados.
