El Gobierno de Gabriel Boric comenzó a implementar medidas para afrontar el flagelo de la delincuencia que vive el país, situación en marco de la cual el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara (PPD), apuesta por implementar estrategias de acción "inmediata" y "dinámica" por parte de las policías.
En conversación con Lo Que Queda del Día, Vergara apuntó que "lo que he hablado con generales (de Carabineros) es que con la capacidad policial dispersa que tenemos hoy, no podemos actuar focalizadamente con fuerza sobre ciertos fenómenos", y frente a ello "hemos priorizado la capacidad focalizada y operativa".
"Tenemos que avanzar hacia un modelo de focalización dinámica", planteó, explicando, por ejemplo, que "si sabemos que tenemos puntos rojos de robo de auto en Vespucio, que son los mismos desde hace mucho tiempo, y que con la presencia en un radio contiguo de dos o tres carabineros no logramos nada, tenemos que saber mover a esas policías para que actuemos y descongestionemos esos focos".
"Me encantaría tener más carabineros, que los municipios tuviesen mayores recursos, pero nuestra obligación desde el Gobierno es actuar con un sentido de realidad, sobre la realidad y con lo que tenemos, buscar las soluciones para garantizar el derecho a la seguridad e impedir que el Estado siga retrocediendo en algunos territorios frente a la presencia del crimen organizado", expuso.
LA REDESTINACIÓN DE 700 CARABINEROS SALIDOS DE LA ESCUELA
En este contexto, Vergara detalló que la reciente redestinación de carabineros no implicó sacar efectivos de una comuna para llevarlos a otras. "Son 700 carabineros que salieron de la Escuela de Suboficiales y que junto al general (Ricardo) Yáñez decidimos que era necesario sacarlos a la calle", aclaró.
Sobre el destino de estos, si bien "no es fácil definir variables para tomar decisiones y hacerlas públicas", detalló que "miramos comunas que tuvieran una cantidad determinada de barrios considerados críticos, llamados al 133 que no concluyen en nada concreto y delitos de mayor connotación social, dejando el robo de lado, y determinamos 17 comunas". El hecho de que en 16 de éstas haya alcaldes afines al Gobierno "no responde a ningún cálculo político", puntualizó.
"Este es el primer paso de reforzamiento policial", enfatizó en línea con la ministra del Interior, Izkia Siches, relevando que "hemos hecho muchas medidas operativas concretadas".
Con todo, sostuvo que "hay una falla de base en el sistema de seguridad, hablar de seguridad es sinónimo de desigualdad, que se ve expresada en recursos municipales, con comunas que cuentan con estructuras de seguridad privada y también con presencia policial", a la vez que "en los últimos años vemos que particularmente las comunas con mayores índices de niveles de pobreza fueron también donde más aumentaron los delitos violentos".
Sobre los efectos de la redestinación de esos 700 uniformados, "la primera medición será a los 30 días; nunca es suficiente para medir el impacto real, pero uno ya puede ver si la presencia policial tiene impacto preliminar en la reducción de los delitos que más deben importar", apuntó. La decisión de mover a esos policías hacia otras zonas se adoptará en los días siguientes y "será escalonada y gradual".
ATRIBUCIONES TRANSITORIAS A MUNICIPIOS
Por otra parte, aseguró que "en este país no se va a armar a la policía municipal".
En tanto, dijo que se comprometió a que durante este semestre promoverá "modificaciones a la ley orgánica municipal para entregarles ciertas atribuciones y facultades, en un momento transitorio y de forma voluntaria, a ciertos municipios, para que la seguridad municipal avance a ser un complemento de la seguridad pública, pero preventiva".
LA "PANDEMIA" DE LAS ARMAS
Otra arista de la delincuencia que preocupa en La Moneda y en la ciudadanía es aquella sobre las armas de fuego que los criminales utilizan constantemente para cometer delitos. "El problema de las armas es hoy una pandemia que nos obliga a actuar con un sentido de urgencia tal que no podemos depender sólo de cambios legislativos, la ley se modificó hace poco, pero se tiene que ejecutar acciones, y eso significa que hay que seccionar el problema", comentó el subsecretario.
Es un flagelo que "tiene tres grandes secciones: el mercado ilegal, armas que ingresan al país modificadas; el mercado de las armas que salen de las instituciones que tienen el monopolio (Fuerzas Armadas y policías) y que terminan en manos del crimen organizado; y las armas legales, 800 mil armas en el país correctamente adquiridas, pero no necesariamente tenidas de manera correcta", enumeró.
Ante ello, "se tiene que tomar acciones inmediatas, porque primero el Estado tiene que saber dónde están las armas inscritas; tenemos que salir a la calle a buscar las armas y eso estamos planificando en Interior, entendiendo que es solo un elemento de un fenómeno mucho más complejo", sentenció Vergara.
