Luego de conocer un nuevo caso de una "bala asesina", que esta vez afectó a una pequeña de 10 meses en Puente Alto, el senador e integrante de la comisión de Seguridad Ciudadana, Felipe Harboe (PPD), pidió iniciar un proceso de reinscripción obligatoria de todas las armas en Chile.
La Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra indagando el caso de una bebé de 10 meses que recibió el impacto de un proyectil a las 21:30 horas del domingo, mientras su mamá la paseaba en coche por las calles de la población Bajos de Mena. Tras ello, la niña fue internada en el Hospital Sótero del Río, donde permanece en estado grave, pero fuera de riesgo vital.
De acuerdo a lo informado por el Ministerio Público, este es el cuarto caso de estas características que se registra en la zona sur de la capital en lo que va de 2020. Dos ocurrieron en La Granja, uno en Pedro Aguirre Cerda y ahora este en Puente Alto.
En octubre del año pasado, un bebé de nueve meses murió tras recibir un impacto de bala mientras dormía en su casa, en la comuna de La Pintana.
"¿Qué va a esperar este Gobierno para hacer un proceso obligatorio de reinscripción de armas?", expresó el senador Harboe.
"Según la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), más de 800 mil armas están en poder de particulares. ¿Cuántas de ellas han llegado de manera ilegal a esas manos? ¿Cuántas más están en manos de narcotraficantes?", exigió aclarar el ex subsecretario del Interior de las administraciones de Ricardo Lagos (2006) y Michelle Bachelet (2006-2008).
Una vez conocido el caso de la menor herida en Puente Alto, desde el Gobierno hicieron un llamado al Congreso a avanzar en la tramitación del proyecto que busca modernizar la Ley de Control de Armas.
El texto permanece en el Senado, donde en octubre pasado se aprobó la idea de legislar, una semana después del crimen del bebé de nueve meses fallecido por un impacto de bala mientras dormía en su hogar en La Pintana, y justo un día antes del estallido social que terminó modificando las prioridades legislativas.
La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, aseguró que "es evidente que la legislación que tenemos vigente no está a la altura de la realidad que estamos viviendo".
