Jueza desestimó la solicitud de dejarlo en prisión preventiva y decretó su arresto domiciliario total.
El acusado, venezolano indocumentado, renunció a su derecho a guardar silencio y aseguró ser inocente.
Un joven de 21 años fue formalizado este miércoles por su eventual responsabilidad en el triple homicidio perpetrado en enero pasado en la comuna capitalina de Cerrillos, que acabó con la vida de dos hombres y una mujer en situación de calle que se encontraban bajo un puente del Zanjón de la Aguada.
El arresto del sospechoso, de nacionalidad venezolana y en situación migratoria irregular, fue informado este miércoles por el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público.
En la audiencia la Fiscalía no logró acreditar la participación del detenido, razón por la cual la jueza a cargo desestimó la solicitud de dejarlo en prisión preventiva y decretó su arresto domiciliario total.
El acusado, en tanto, renunció a su derecho a guardar silencio y aseguró ser inocente.
El sospechoso afirmó que a la hora del crimen él se encontraba trabajando y que, incluso, se autodenunció ante la Policía de Investigaciones (PDI) por su situación irregular para legalizar su estadía en Chile; información que la Fiscalía dijo desconocer.
"Durante esta audiencia se dieron a conocer distintos antecedentes que, en definitiva, daban cuenta de que no existían presunciones fundadas de participación. El imputado, en forma voluntaria y espontánea, renunció a su derecho a guardar silencio y expuso en forma inmediata una tesis alternativa que, en definitiva, provoca que él no esté o no sea el culpable de estos lamentables hechos", destacó Claudio Salinas, defensor del imputado.
"Esos antecedentes no se mantenían dado que el imputado tenía una situación irregular de ingreso al país y ese antecedente lo ingresa o lo incorpora a la defensa a través del imputado solamente el día de hoy", explicó el fiscal Javier Rojas.
El persecutor aseveró, no obstante, que "de acuerdo a nuestros antecedentes, a nuestros testigos, no se condice con los hechos de la realidad lo manifestado por el imputado".
La Fiscalía anunció que apelará para conseguir la medida cautelar más gravosa.
La jueza fijó en 90 días el plazo de la investigación.
