Los denominados "toldos azules" fueron instalados nuevamente por comerciantes ambulantes en el barrio Meiggs, a un año de que fueran sacados de la popular zona comercial por el copamiento policial dispuesto por el Gobierno de Gabriel Boric.
El panorama hoy es similar a lo visto en años anteriores, con calles cortadas por los vendedores irregulares.
No obstante, el Cesfam ubicado en calle Unión Latinoamericana no ha registrado problemas con el ingreso de ambulancias y tampoco se han visto afectaciones para el transporte público por calle Bascuñán Guererro, dado que los ambulantes, al menos hoy, se instalaron en el sector del sur de calle San Alfonso, cercano a la Avenida Blanco Encalada.
Los comerciantes establecidos afirman que el retorno de los toldos azules representa un foco de delincuencia y además han denunciado una merma importante en sus ventas.
"Tenemos controles diarios en Meiggs, hay cerca de tres detenidos diarios, controles a los vehículos", respondió, ante los cuestionamientos, la delegada presidencial metropolitana, Constanza Martínez.
Además, recalcó que antes "era un lugar donde no pasaba la micro, no funcionaba el Cesfam y donde no había control alguno por parte del Estado, (pero aún) falta mucho (por mejorar), por supuesto, ha sido el lugar más complejo", reconoció.
Así, enfatizó que "tenemos 52 comunas en nuestra región y muchos barrios intervenidos", siendo Meiggs "sin duda uno de los lugares que vamos a seguir interviniendo las veces que sea necesario".
¿QUÉ SE DEBE HACER?
Las autoridades advirtieron que seguirán sacando a los ambulantes del sector, pero expertos apuntan también a abordar el tema de fondo: entre ellos hay familias que no tienen otra opción para trabajar.
"Hay una responsabilidad compartida entre el Gobierno central y los municipios, pero creo que debe generarse una política que dé respuesta a los problemas que tienen muchas de estas personas, que no tienen alternativas laborales. Creo que debiera buscarse y catastrarse a quienes están en esa situación, ver las familias más vulnerables, los que realmente se justifican, y generarles una reubicación a lo mejor en otro espacio público, y que permita generar un pacto con ellos", planteó Jorge Araya, académico de la Universidad de Santiago y exjefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior.
Propuso avanzar hacia "un pacto con esa gente, donde podamos filtrar a quienes están siendo parte de negocios y bandas (delictuales) más organizadas, identificar a las familias que realmente lo necesitan, generar un pacto de reubicación, y luego poder aplicar la ley con todo el rigor".
