El Presidente Sebastián Piñera afirmó que el proyecto pretende "restablecer en plenitud la cultura del funcionario público de verdad".
Sin embargo, desde el propio oficialismo la iniciativa ya genera ruido.
El Presidente afirmó que con este proyecto "queremos desterrar la cultura del amiguismo, del pituto, del operador político".
El Presidente Sebastián Piñera presentó este jueves el proyecto de Integridad Pública, más conocido como "antinepotismo", con el que se pretende "desterrar la cultura del amiguismo, pituto y operador político".
Entre los puntos del proyecto, destaca la regulación de la contratación de familiares en el Estado donde se propone que los parientes hasta con tercer grado de consanguinidad del Presidente, ministros, subsecretarios, parlamentarios, embajadores y alcaldes, para trabajar en el Estado deben pasar por un filtro.
Todo luego de la fallida designación de su hermano Pablo Piñera, como embajador en Argentina.
AHORA – Pdte @sebastianpinera firma junto a @andreschadwickp @gblumel @HernanLarrainF proyecto #LeyIntegridadPública que regula ingreso al sector público, relaciones de funcionarios con familiares y conflictos de interés pic.twitter.com/r2Kqu1UXHt
— Prensa Presidencia de Chile (@presidencia_cl) 5 de julio de 2018
"Este proyecto va a enfrentar todos los problemas que hemos detectado en materia de probidad, de imparcialidad y de competencia en la administración del Estado", aseguró el Presidente Piñera.
"Al mismo tiempo, este es el primer proyecto -porque esto es una agenda- de probidad y transparencia que va a tener un período de implementación a través de leyes, de reglamentos, de decretos, pero que sobre todo requiere un cambio de actitud, en la cultura", continuó el Mandatario.
Y finalizó asegurando que "queremos desterrar la cultura del amiguismo, del pituto, del operador político y restablecer en plenitud la cultura del funcionario público de verdad".
Ideas del proyecto
Entre otros puntos del proyecto se prohíbe la contratación de parientes en el Congreso Nacional; se regulan las fuentes de ingreso de los parlamentarios y también el uso correcto de las asignaciones; se obliga a los congresistas a abstenerse en asuntos en los que tengan intereses personales.
Además, se propone que los ex parlamentarios, ministros, subsecretarios y jefes de servicios no puedan realizar lobby por 12 meses desde dejado el cargo y que además, todos menos los parlamentarios tengan prohibición de prestar servicio a privados que hayan sido fiscalizados por su respectivo ministerio, como trabajar en una compañía eléctrica tras haber sido ministro de Energía.
Oficialismo dividido
Hay ruido en el oficialismo, donde plantean que muchas barreras de acceso son un desincentivo tanto para acceder a un cargo como para dejarlo.
Sin embargo, otros lo descartan: "Yo creo que esto es muy importante, que hoy día la transparencia por un lado. Y por otro lado, que podamos atraer también a personas que a través de ese sistema de validación van a dar cuenta que son personas que tienen los méritos necesarios para entrar al servicio público. Yo creo que es sumamente importante lo que estamos viviendo", aseguró el diputado Andrés Molina (Evópoli).
Varias de las medidas que se proponen en el proyecto fueron recogidas de la Comisión Asesora Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción que formó el Gobierno de Michelle Bachelet, la denominada "Comisión Engel".
PS adelantó que revisará la iniciativa
Además, parlamentarios acusan "letra chica", por lo que desde el PS anunciaron que revisarán la iniciativa.
El diputado socialista Marcelo Díaz manifestó que "más que letra chica, creo que se está legislando a partir de un caso particular. En la Cancillería está regulado qué ocurre cuando hay vínculos familiares y creo que esa legislación es suficiente y se aplica".
"¿Por qué vamos a legislar para que el Presidente de la República o un ministro de Estado pueda contratar en su gabinete, en su equipo, a su primo, a su hermano, a su mamá? Me parece, francamente, que retrocederíamos en términos de estándar de calidad y probidad del sector público", advirtió.
Díaz anunció que "vamos a mirar la indicación en particular, pero creo que esa es una medida que va en la dirección contraria a lo que los chilenos esperan de nosotros".
