El ex senador socialista Camilo Escalona felicitó la iniciativa parlamentaria de anular la actual Ley de Pesca, aprobada en 2012 en el Parlamento, ya que, a su juicio, "tiene vicios de ilegitimidad".
La idea de anular la denominada "Ley Longueira" surgió tras los cuestionamientos por los vínculos de Corpesca, una de las principales industrias del ramo, con el senador Jaime Orpis (UDI) y ex diputada independiente Marta Isasi.
"Me alegro que esté en debate este tema. Es una ley que tiene vicios de ilegitimidad, pero el gobierno que la presentó era un gobierno legítimo, porque fue electo por el pueblo de Chile", sostuvo Escalona durante su intervención en El Primer Café de Cooperativa.
El ex parlamentario recordó que "fuimos muy escasos los que estuvimos contra la Ley de Pesca en su momento, fuimos muy escasos los que recurrimos en su momento al Tribunal Constitucional para pedir que se anularan algunas de sus disposiciones".
"El Tribunal Constitucional validó lo obrado por el Parlamento, (pero) nos dio la razón en un punto muy importante: la actual Ley de Pesca se puede reemplazar por otra ley, y en tal sentido, rechazó la pretensión de la agrupación de industriales de pesqueros de establecer que por 40 años ellos tenían derechos exclusivos", explicó.
El ex senador del PS aseguró que en este tema "lo que hay que hacer es proceder a legislar para cambiar las disposiciones ilegítimas que existen en el actual cuerpo de la Ley de Pesca. Me alegro que muchos hayan cambiado de opinión, en su momento, lamentablemente lo que hoy rechazan con entusiasmo lo aprobaron con aplausos, lamentablemente fue así, que quede como lección".
Luis Mayol: A lo mejor hay que hacer una nueva ley
Al respecto, Luis Mayol, ministro de Agricultura del Gobierno de Sebastián Piñera, en el que se aprobó la Ley de Pesca, afirmó que "a lo mejor hay que hacer una nueva ley, hay que modernizar y perfeccionar la que hay, pero hay que adecuar las leyes siempre a la realidad existente".
En tanto, el abogado Jorge Correa Sutil (DC) sostuvo que "los vicios de forma que pueda tener alguna ley, entre ellos el cohecho a algún parlamentario para que estableciera votos y que hoy se comienza a discutir con el desafuero del senador Orpis, pueden discutirse en un requerimiento al Tribunal Constitucional, que tiene un plazo muy corto y que ya venció".
"La nulidad de una ley sólo correspondería declararla a los tribunales, pero los tribunales en general han declarado que las nulidades de derecho público no proceden respecto de las leyes y, por lo tanto, ahí también hay un encajonamiento", añadió.