La Cámara de Diputadas y Diputados, a través de su Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnologías, Conocimiento e Innovación, inició el estudio de un proyecto de ley que busca proteger a los menores de edad frente a la adicción a las nuevas tecnologías y regular su acceso a redes sociales y otras plataformas digitales.
A raíz de una iniciativa promovida por el diputado Diego Schalper (RN), la instancia comenzó el análisis de una normativa que impondrá obligaciones a los gigantes tecnológicos para combatir la adicción a entornos digitales y estructurar marcos de uso saludable para niños, niñas y adolescentes.
La preocupación es compartida por la unanimidad de las bancadas, quienes insisten en la urgencia de regular una exposición excesiva y temprana a pantallas virtuales que compromete el equilibrio emocional infantil.
Para ello, se pretenden replicar normativas y estándares internacionales exitosos de desintoxicación tecnológica escolar y familiar.
El núcleo de la iniciativa legal establece una prohibición absoluta para que los menores de 16 años puedan registrarse, acceder o utilizar plataformas digitales —incluyendo redes sociales y plataformas de transmisión en vivo—, una restricción que se mantendrá firme incluso si los menores cuentan con la autorización expresa de sus padres o tutores.
Asimismo, la normativa fija los 18 años como la edad mínima para ingresar a portales de apuestas en línea, páginas de pornografía y videojuegos clasificados como excesivamente violentos.
En paralelo, la ley introduce restricciones para los proveedores de "chatbots avanzados" con inteligencia artificial generativa, prohibiéndoles simular lazos de amistad, vínculos románticos o suplantar la conciencia humana frente a los menores.
Con el fin de mitigar los flagelos de la dependencia tecnológica, el proyecto prohíbe de forma tajante que las empresas empleen los denominados "métodos de permanencia", tales como las reproducciones automáticas o el envío de notificaciones programadas, herramientas diseñadas específicamente para maximizar el tiempo de navegación.
Las compañías tecnológicas que operen en el país —independiente de su domicilio legal— estarán obligadas a implementar sistemas eficaces de verificación de edad y a eliminar de forma proactiva las cuentas existentes que vulneren la ley.
De no cumplir con estas exigencias, las plataformas se exponen a severas multas que van desde las 3.000 hasta las 5.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), sanción que se duplicará en caso de reincidencia, conllevando además la suspensión inmediata del servicio en el territorio nacional.
De ser aprobada, la ley entrará en vigencia seis meses después de su publicación en el Diario Oficial.
