La Comisión de Constitución del Senado continuó este martes la discusión y votación en particular el proyecto de amnistía -que originalmente era indulto- a los denominados "presos del estallido social", lo que ha generado gran expectativa ya que esperan que sea despachado a la Sala esta semana, la última antes del receso legislativo de verano, aún en su primer trámite constitucional.
La iniciativa (boletín 13941-17), ingresada por parlamentarios de oposición en diciembre del 2020, proponía establecer un indulto, pero la semana pasada la instancia aprobó una indicación que modifica la figura por una amnistía, para, entre otros objetivos, "simplificar" el trámite.
En la víspera, el presidente de la instancia, el senador Pedro Araya (independiente), señalaba que "se está trabajando en un proyecto que permita acotar quiénes serían los beneficiados por la amnistía, de forma tal de que quienes no pueden obtener el beneficio puedan solicitar posteriormente un indulto presidencial".
Cuestión que quedó definida esta jornada, con la aprobación de un catálogo de delitos.
Además, comentó que se trató de "convencer a los senadores de derecha que faltan para poder aprobar la iniciativa y que no sea rechazada en la Sala el Senado". No ha habido éxito, puesto que en la derecha han reafirmado estos días que no darán votos que permitan el avance del texto.
"Lo que queda por determinar es la fecha en que se puede solicitar la amnistía y sus normas de carácter procesal que no debieran tener mayor discusión. Probablemente los comités y la presidenta del Senado tendrán que fijar una sesión especial para votarlos... Hay que recordar que falta el trámite en la Cámara de Diputados y probablemente Comisión Mixta en este tema", agregó.
LOS DELITOS INCLUIDOS
En la sesión de este martes, la comisión votó y rechazó incluir de la amnistía a los imputados por el delito de homicidio frustrado en el contexto del estallido -que decía "siempre que no haya habido lesiones"- con los votos en contra de Luz Ebensperger (UDI), Francisco Huenchumilla (DC) y Rodrigo Galilea (RN).
Otro cambio importante fue el retiro de la propuesta -incluida en el apartado de Delitos contra la Justicia Militar- que beneficiaba a imputados por el delito de maltrato de obra a personal de Carabineros y de la Policía de Investigaciones. Esta propuesta no alcanzó a votarse porque fue retirada; según Pedro Araya, "no distinguía si se le habían causado o no lesiones a carabineros, y en ese sentido creo que era una mala señal amnistiar ese delito".
La comisión sí aprobó incluir a los acusados por el delito de amenazas a funcionarios de la PDI y Carabineros; los de incendio y daño calificado, que incluye destrozos contra la infraestructura crítica.
En conclusión, los delitos que "se van a amnistía son aquellos delitos que dicen más bien relación con delitos asociados más directamente al estallido social, como son, por ejemplo, los daños, las manifestaciones, los desórdenes públicos, el delito de incendio en la medida que no se causó daño a las personas y tampoco hubo peligro de propagación, entre otros", detalló Araya.
"Como comisión vamos a tratar de despachar mañana este proyecto", prometió el presidente de la instancia.
Respecto a los homicidios, el senador Juan Ignacio Latorre (RD) sostuvo que "hay casos reales, a mí me ha tocado ir a ver a la cárcel -por ejemplo- a Giordano Santander en San Antonio que está condenado a más cinco años de cárcel por homicidio frustrado, donde no hay lesión alguna a la persona de funcionario de la PDI. Si esa indicación quedó fuera acá en la Comisión y eso se respalda en la Sala, efectivamente quedaría fuera y eso quedaría en manos, por ejemplo, de un indulto particular. Yo creo que lo más complejo ya se votó. Lo que nosotros queremos es que esto avance".
LAS RETICENCIAS DE LA DERECHA
Si bien algunos senadores de derecha habían explorado la posibilidad de ampliar esta amnistía incluso a personal uniformado, ayer se cerró definitivamente la puerta ya que desde las directivas de los partidos oficialistas no hubo ningún espacio para aprobar esta iniciativa, sin importar a quienes se quiera incluir.
En esta línea, Galilea (RN) explicó que "subsisten algunos con los que nosotros estamos muy en contra, como son los daños graves, los incendios, pero -al menos- estos más simbólicos fueron borrados de este catálogo de delitos; nosotros pedimos votación separada porque nos parecían particularmente graves: el homicidio frustrado es algo que no se puede permitir, o sea no porque alguien no le llegó un balazo puede simplemente obviarse y como que aquí no pasó nada".
"En un país que quiera vivir con seguridad, no podemos tener expuestas a que las policías sean agredidas continuamente y que después sean amnistiados los agresores", añadió.
Una vez la comisión despache el proyecto, se espera que sea votado en Sala en los próximos días, incluso con la posibilidad de una sesión especial, ya que esta es la última semana disponible para el trabajo legislativo. De aprobarse también, el segundo trámite, en la Cámara de Diputadas y Diputados, será tema del próximo Congreso que asumirá en marzo.
REACCIÓN DE FAMILIARES
Por su parte, desde las familias de los denominados "presos de la revuelta" criticron que ha existido una demora en la tramitación del proyecto, que fue ingresado al Congreso hace más de un año y sigue en el Senado aún en su primer trámite. Reprocharon que la Comisión de Constitución del Senado aún no termine la votación en particular, afirmando que debió haberse citado a una sesión hasta el despacho.
"La idea era que hubiera un despacho total. No estamos tan satisfechos nosotros como Asamblea y de una u otra forma nos queda emplazar al senador para que esto se ponga en tabla esta semana", afirmó Paola Palomera, madre de Nicolás Piña, acusado de lanzar una bomba molotov a un carro policial.
En esta línea, la vocera de esta agrupación señaló que "la idea de la oposición es dejarlo para marzo, pero es este Gobierno el que tiene que hacerse cargo de esta situación. Aquí hay familias que no les corresponde estar sufriendo con todo lo que estamos pasando".
