Este miércoles una comisión mixta inició la discusión del proyecto de resguardo de infraestructura crítica, que permite a las Fuerzas Armadas resguardar instalaciones como generadoras eléctricas y distribuidoras de agua potable sin que el Gobierno tenga que decretar Estado de Emergencia, iniciativa de reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo a raíz del estallido social de octubre de 2019.
La instancia especial de diputados y senadores deberá zanjar las diferencias entre ambas corporaciones después que la propuesta, que había sido aprobada por el Senado en enero, fuera rechazada por la Cámara Baja el pasado 9 de septiembre.
De acuerdo a esta reforma, la infraestructura crítica comprende las instalaciones, sistemas o componentes de empresas o servicios, cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública cuya perturbación en su funcionamiento destrucción tendría un grave impacto sobre la población. Asimismo, el Gobierno, Congreso, el Poder Judicial y los órganos de la administración del Estado se consideran en esa categoría.
No obstante, dice el proyecto, se deberá dictar una ley que determinará los órganos, empresas y servicios que quedarán comprendidos en esa categoría y mientras ello no ocurra, será un decreto supremo suscrito además por los ministros del Interior y de Defensa Nacional el que determine lo que se entenderá por infraestructura crítica.
La enmienda constitucional establece que "en ningún caso el ejercicio de esta facultad podrá implicar la suspensión, restricción o privación de los derechos y garantías constitucionales o disponer del empleo de las Fuerzas Armadas para reestablecer el orden o la seguridad pública o afectar las facultades correspondientes a las Fuerzas de Orden y seguridad". Esta norma fue la única aprobada unánimemente en la comisión.
Asimismo, el Presidente de la República deberá informar "a la brevedad" al Congreso de las medidas adoptadas en virtud de esa atribución.
El diputado Matías Walker (DC) planteó que "derechamente sugiero prescindir de esta disposición transitoria" que permite a Defensa e Interior determinar cuál será la infraestructura considerada crítica, mientras se crea la eventual ley que lo defina permanentemente.
"Aún cuando la aprobamos en la Comisión de Constitución, porque fue lo que generó dudas en la Cámara de Diputados y que todo lo que se refiera a la infraestructura crítica, regulación, categorías y órganos específicos de infraestructura crítica sea definido por ley y no se deje al arbitrio, aunque sea temporal, del Ejecutivo", expuso.
Por su parte, la senadora Luz Ebensperger (UDI) indicó que "a mí me parece que sería importante mantenerla, a lo mejor especificarla lo más posible, restringirla al mínimo, pero de aprobarse esta norma uno no podría dejarla de letra muerta por un periodo sin determinar mientras se apruebe la ley".
Gobierno pide no eternizar el debate
En tanto, en la primera sesión de la comisión mixta el ministro de Defensa, Mario Desbordes, aclaró dudas sobre cómo las Fuerzas Armadas cuidarán la infraestructura crítica.
"Se trata de ataques que puedan poner en riesgo esas infraestructuras críticas. ¿Irán a poner un Leopard 2 o un F-16? Probablemente no, pero las FF.AA. sí tienen escopetas, sí tienen armamentos intermedio entre el fusil y el bastón. Es necesario que tengan mejor preparación", afirmó.
"Lo único que yo les pido es que no se transforme esta comisión en una comisión donde estemos discutiendo esto por meses. Legítimamente hay gente que no lo va a probar y yo no tengo problemas con eso", sostuvo el secretario de Estado.
Discusión marcada por el paro camionero
El presidente de la comisión mixta, el senador Alfonso de Urresti (PS), dijo que tiene "serias discrepancias sobre la oportunidad y el contexto de utilización de este proyecto, y me anima una sospecha aún mayor después de haber visto la movilización de los camioneros, que fueron tratados con guantes de seda por el Gobierno frente a un bloqueo sedicioso del transporte en todo Chile".
Durante las próximas sesiones serán invitados los comandantes en jefe de las distintas ramas de las FF.AA., quienes deberán exponer de qué manera podrían sus instituciones implementar una reforma de esta naturaleza.