La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja aprobó el lunes, en general, el proyecto de ley que sanciona con cárcel la usurpación de propiedades, incorpora "mecanismos eficientes de restitución" de las mismas, amplía el período de flagrancia y facilita la detención de los responsables.
Pese a que la iniciativa forma parte del "fast track" de 31 proyectos de seguridad priorizados -en acuerdo- por el Gobierno y el Parlamento, recibió cuatro votos en contra de parlamentarios oficialistas: Maite Orsini (RD), Mercedes Bulnes (independiente de la bancada frenteamplista), Alejandra Placencia (Partido Comunista) y Jaime Araya (independiente-PPD).
Los nueve votos a favor del proyecto -que está en segundo trámite legislativo tras pasar por el Senado- fueron de los RN Diego Schalper, José Miguel Castro y Andrés Longton; de los UDI Henry Leal y Jorge Alessandri, del republicano Cristián Araya, el socialista Raúl Leiva y los independientes Gloria Naveillán (independiente-PDG) y Andrés Jouannet (Amarillos).
VISIONES PARLAMENTARIAS
"No podemos aprobar un proyecto de ley que criminaliza la pobreza", afirmó en la sesión Maite Orsini, según indicó El Mercurio.
"No es lo mismo una ocupación abusiva de un terreno que una ocupación por necesidad. No podemos legislar para desalojar tomas, campamentos donde la realidad es compleja y la pobreza y la precariedad existen", dijo la frenteamplista, que también alertó que "la legítima defensa privilegiada podría generar situaciones de más violencia y poner en peligro a la ciudadanía".
En la misma línea se expresó Alejandra Placencia: "Criminalizar la pobreza (...) me parece que no es una buena medida y es uno de los impactos más importantes que tiene este proyecto".
La legisladora PC añadió que "fomentar la autotutela no es el camino correcto" y, con la ley, "la legítima manifestación pacífica también corre riesgo".
Raúl Leiva, socialista que votó a favor, dijo estar "de acuerdo con que se tiene que sancionar con pena corporal el delito de usurpación, pero en caso alguno es procedente la legítima defensa privilegiada" ni tampoco la figura de "flagrancia permanente".
Desde la oposición, José Miguel Castro afirmó que el proyecto "es una oportunidad única de poder encauzar lo que ha pasado desde 2019, (pues) la Región de Antofagasta ya no da más de campamentos".
Henry Leal dijo votar a favor "por las cientos y miles de familias que en La Araucanía tienen sus predios ocupados por años sin que puedan hacer uso de ellos", reseñó el diario.
"DELITO PERMANENTE"
A la sesión asistió, como invitado, Héctor Urban, agricultor cuya familia -vecina a Temucuicui- es víctima de ataques desde el año 2001: "Estas personas ingresan con armamento de manera muy violenta, intentando agredir a los que están en los predios. Es de alta urgencia que se logre controlar este delito", planteó, según declaraciones reproducidas en el sitio web de la Cámara.
Cristóbal Grunwald, asesor jurídico de agricultores afectados en las regiones de Los Ríos y Los Lagos, sostuvo que la norma es necesaria para hacer más efectiva la persecución y la restitución, y enfatizó que "la usurpación es un delito permanente, igual que el secuestro".
También estuvieron invitados el capellán y la coordinadora de Incidencia de TECHO-Chile, Héctor Guarda e Isidora García, quienes "llamaron a diferenciar las ocupaciones ilegales o usurpaciones violentas de las tomas cuando éstas responden a situaciones de precariedad y a la necesidad que los terrenos sean para uso habitacional familiar".
CONTENIDOS
Entre los principales objetivos del texto está sancionar con presidio toda hipótesis de usurpación, extendiendo el período de flagrancia del delito y permitiendo, durante la investigación, la restitución del inmueble ocupado ilegalmente.
La norma también autoriza la aplicación de técnicas especiales de investigación en la persecución de las usurpaciones; castiga con cárcel la celebración con engaño de compraventas o arrendamientos de sitios ocupados ilegalmente, e incorpora restricciones en las normas para regularizar la pequeña propiedad raíz, mientras exista juicio pendiente por usurpación.
Junto con ello, modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para sancionar al ocupante ilegal que pretenda transferir el dominio de lotes de terrenos tomados; y hace inaplicables las reglas sobre detención y flagrancia respecto de quienes habitan en campamentos catastrados hasta el año 2022.
Tras la aprobación de la idea de legislar, la Comisión acordó fijar el lunes 12 de junio como plazo para la presentación de indicaciones.
