El ministro del Interior, Jorge Burgos (DC), afirmó que el Gobierno tiene "apertura" para "rediscutir" la controvertida norma que sanciona con penas de cárcel las filtraciones de investigaciones judiciales.
Burgos reconoció haber participado en el desarrollo de la iniciativa -discutida en el marco de la agenda corta antidelincuencia-, pero recordó que ésta fue respaldada por la Fiscalía y por los senadores de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta.
Según recapituló esta tarde el diario La Segunda, en el marco de la instancia parlamentaria el senador PPD Felipe Harboe "planteó exclusivamente una sanción al fiscal o sus ayudantes cuyas actuaciones afectasen a la investigación".
Esta idea fue recogida por el fiscal nacional subrogante, Andrés Montes, quien propuso ampliar el castigo a los intervinientes (imputados y querellantes). Ante esto "la ministra de Justicia, Javiera Blanco, sugirió redactar una indicación que sería patrocinada por el Ejecutivo".
Ésta "ingresó en enero con la firma Jorge Burgos, en su calidad de vicepresidente de la República".
El vespertino resalta que el artículo 182 del Código Penal dispone actualmente que "los funcionarios que hubieren participado en la investigación y las demás personas que, por cualquier motivo, tuvieren conocimiento de las actuaciones de la investigación estarán obligadas a guardar secreto respecto de ellas".
En cambio, la indicación agregada por el Gobierno y firmada por Burgos establece sanciones para cualquier persona: "El que violare las normas sobre secreto establecidas en el presente artículo será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio".
Apoyo "bastante unánime"
Consultado este lunes por este desarrollo, Burgos respondió: "Derechamente, yo firmé la indicación. Incluso creo que lo hice como vicepresidente en un periodo en que la Presidenta estaba en el extranjero en una reunión internacional".
"Esto es una cuestión que surgió en la Comisión de Constitución del Senado bastante unánimemente, (respecto de) la necesidad de que hubiera una norma que asegurara el secreto de las investigaciones en el periodo en que son secretas", recordó.
El titular de Interior y Seguridad Pública dijo que "si hay senadores -que son los que (participan) en el proceso legislativo donde está (la norma)- que quieren revisar eso, siempre habrá apertura para rediscutirlo. De parte del Ejecutivo no hay inconveniente en discutirlo". Sin embargo, "vamos a recordar por qué se creó" y que "hubo unanimidad".
"El propio Ministerio Público, como estaba representado, se mostró conteste en la redacción", dijo Burgos, quien negó que la medida vaya a afectar a los periodistas, sino sólo a los intervinientes en un proceso judicial y que, debido a esa condición, tengan antecedentes que hayan sido establecidos como secretos.
