Iniciativa regulará, entre otras cosas, la contratación de familiares autoridades en el Estado.
El ministro Gonzalo Blumel recibió a los partidos de Chile Vamos en La Moneda.
Parlamentarios de RN, la UDI y Evópoli llegaron la tarde de este jueves hasta La Moneda para reunirse con el ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel, y conocer los principales lineamientos del proyecto de integridad pública, que el Gobierno ingresará dentro de las próximas semanas al Congreso.
La iniciativa establece que los méritos de familiares de autoridades como concejales, alcaldes, ministros, embajadores e incluso el Presidente de la República que quieran trabajar en el Estado serán analizados por el Servicio Civil, organismo que visará su ingreso al aparato estatal.
Además se buscará evitar la puerta giratoria ampliando de seis meses a un año el plazo para que funcionarios públicos puedan irse al sector privado cuando dejen de ejercer algún cargo en el Estado.
Al respecto, el diputado de Evópoli Andrés Molina comentó que en la iniciativa "hay análisis de inhabilidades, por ejemplo, situaciones en las cuales se prohíbe que personas que trabajaron en el sector público a veces dejen de trabajar dos años, un año y se está viendo en qué caso: en casos de lobbistas y, por lo tanto, hay ahí una serie de detalles que claramente hay que mejorar o, de alguna medida, restringir".
El parlamentario explicó que, además, "hay algunas condiciones que probablemente se van a extender algo más y también van a haber algunas prohibiciones respecto a personas que han trabajado en el lobby directamente y no pueden entrar a funciones al interior de las mismas instituciones".
En tanto, el diputado UDI Javier Macaya sugirió que "finalmente no terminemos imponiendo tantas restricciones que, finalmente, lo público sea solamente para algunos con una vocación quizás casi monacal. En la medida en que tengamos una discusión seria y ojalá con datos comparados de lo que ocurre en otras legislaciones, en otros países se hagan las cosas de buena manera".
En la iniciativa también se buscará restringir el rol de lobbistas a parlamentarios que dejen sus escaños en el Congreso, quienes en el plazo de un año no podrán trabajar en empresas de lobby, con el fin de evitar que un ex parlamentario incurra en conflictos de interés sacando provecho de sus contactos que obtuvo en el mundo político.
