La subsecretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos, se reunió esta jornada con parlamentarios del oficialismo para recoger sus inquietudes en la previa al ingreso del veto presidencial al proyecto de ley que apunta a combatir las usurpaciones.
La iniciativa fue aprobada a fines de agosto por el Senado y visada por la Cámara de Diputadas y Diputados, por lo que quedó despachada. Sin embargo, quedó la indicación que incorpora la polémica figura de la "legítima defensa privilegiada", por lo que se anunció que se ingresará un veto presidencial.
Éste implica que el Congreso tendrá que aceptar las observaciones del Mandatario, ya sea incluir vetos aditivos, supresivos o sustitutivos o una mezcla -depende de la fórmula que elija el Gobierno- o se necesitará dos tercios para mantener lo ya aprobado.
El veto presidencial, en concreto, debe ser ingresado antes del viernes 29 de septiembre.
El diputado Leonardo Soto (PS) dijo luego de la reunión en La Moneda que "no hay acuerdo explícito, pero yo diría que gran parte del veto presidencial va a tener desde ya el respaldo completo del oficialismo".
Asimismo, afirmó que "hay algunos aspectos que requieren un mayor estudio, han habido algunos aportes, observaciones que están siendo discutidas por el Ejecutivo, que tienen que ver con la penalidad de la usurpación cuando no tiene violencia o intimidación contra las personas o fuerza contra las cosas, son aspectos secundarios".
"Pero yo creo que, en lo medular, existe un acuerdo del oficialismo de respaldar el veto presidencial del Gobierno de Gabriel Boric en todo lo que tiene sentido común, en lo que tiene respaldo en la ciudadanía y dejar fuera las indicaciones tóxicas de la derecha", añadió.
La diputada Lorena Fries (CS) sostuvo que "lo que se está haciendo es recogiendo nuestras opiniones para que eso se vea manifestado en el veto. Todos los que estuvimos dimos nuestra opinión, manteniendo nuestras críticas respecto de la legítima defensa privilegiada, respecto de la falta de distinción entre la violencia en las personas y la violencia en las cosas, y sobre todo una ley necesaria para sancionar a las organizaciones criminales que hacen que personas sin recursos terminen comprando loteos de terrenos que solo terminan ensanchando los bolsillos de criminales".
Andrés Giordano (Ind) manifestó que "acabamos de entregar al Ministerio del Interior una carta suscrita por más de 150 organizaciones y dirigencias sindicales. Estamos pidiendo que el veto considere la garantía del derecho a huelga y por lo tanto se elimine cualquier mención a la usurpación transitoria".