Megarreforma: Oficialismo espera que paso del proyecto por el TC sea "lo más rápido posible"

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| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El diputado Marco Sulantay (UDI) aseveró que "la economía chilena está esperando buenas expectativas para despegar".

La oposición pone su energía en que el tribunal considere sus requerimientos y se caigan los vetos presidenciales, sin embargo, reconocen que necesitan un quórum importante.

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El proyecto de Reconstrucción Nacional enfrentará esta semana su última etapa antes de ser promulgada con la presentación de los vetos presidenciales y la audiencia en el Tribunal Constitucional (TC), donde se analizarán los tres requerimientos de la oposición.

Ante esto último, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, manifestó en entrevista con El Mercurio que se encontraba tranquilo porque las propuestas aprobadas en el cuerpo legal no vulneran la Constitución y, de haber un revés en el TC, el proyecto "igualmente cumple su propósito".

En una línea similar, el diputado Marco Antonio Sulantay (UDI) espera que la megarreforma tenga un paso "lo más rápido posible por el TC, porque la economía chilena está esperando buenas expectativas para despegar".

"Y una de esas expectativas es que de una vez por todas ya se conozca cuáles son las circunstancias que va a enfrentar el país desde el punto de vista económico en los próximos años. Así se pueden despejar claramente muchas incertidumbres de inversión, y eso lo que va a provocar siempre va a ser un círculo virtuoso respecto al crecimiento, a la inversión y al empleo", sostuvo.

Por su parte, el senador Gustavo Sanhueza (UDI) aseguró que "los vetos supresivos se terminarán aprobando. Eso implica que tres elementos van a estar fuera de la discusión".

En cuanto a la revisión de los requerimientos opositores, el gremialista afirmó: "Tenemos mucha confianza en que el TC hará su labor de acuerdo con las competencias que tiene. El análisis desde nuestro sector es que (los aspectos cuestionados) son cosas que ya se han implementado en nuestro país, por lo tanto, no vulneran la actual Constitución".

Finalmente, el diputado Eduardo Durán (RN) consideró "lamentable que la izquierda prefiera golpear las puertas del TC antes de permitir que el país crezca y genere más empleos para chilenas y chilenos", por tanto, cree que "los vetos del Ejecutivo son una medida responsable para extirpar la letra chica populista, que no hace otra cosa que impedir el acceso al crédito".

Oposición confía en acogida a sus requerimientos y caída de los vetos

Desde la otra vereda, el diputado Boris Barrera (PC) insistió en que las esperanzas están en que el TC acoja sus requerimientos, relacionados a la invariabilidad tributaria y las medidas medioambientales, y se caigan los vetos presidenciales.

"Está complejo porque, por lo menos para el tema de los vetos, se necesita un quórum bastante alto, y aunque tengamos a la Democracia Cristiana y al PDG con nosotros, creo que, aunque eso suceda, va a estar difícil que se caigan", reconoció.

No obstante, enfatizó que "tenemos puesta la esperanza en el TC. Vamos a colocar toda la energía en esta semana cuando parta la audiencia para poder demostrar que lo que se está presentando son medidas inconstitucionales que están pasando a llevar, por ejemplo, la invariabilidad, lo que tiene que ver con la soberanía".

Menos entusiasmo demostró la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, al admitir que "tengo la sensación de que finalmente, no va a ser un buen proyecto".

"Ahora, respecto de lo que ocurra en el Tribunal Constitucional, hicimos una presentación fundada, después de muchos análisis jurídicos de nuestros abogados, y será ese tribunal el que, en derecho, tenga que fallar", cerró.

Este miércoles se llevará a cabo la audiencia pública donde se escucharán los argumentos a favor y en contra de los requerimientos en la oposición. Asimismo, se espera que se presenten los vetos del Ejecutivo a tres normas incluidas por la centroizquierda y aprobadas en el Congreso: La prohibición del anatocismo (el cobro de intereses sobre intereses); el derecho al olvido financiero, y el pago a 30 días para las Pymes.

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