El borrador redactado por la ministra de Ciencia generó reparos técnicos, jurídicos y fiscales en la Segpres, el Segundo Piso y Hacienda.
La propuesta de otorgar depreciación acelerada del 100% a firmas tecnológicas desató objeciones por su impacto en las arcas públicas.
La tramitación de la ley que busca regular la inteligencia artificial (IA) en Chile enfrenta complejas negociaciones dentro del Gobierno.
De acuerdo con un reportaje publicado por La Tercera, la indicación sustitutiva impulsada por la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, generó discrepancias técnicas, jurídicas y tributarias entre distintas carteras antes de su presentación formal al Congreso.
Fuentes del Ejecutivo consultadas por el citado medio señalan que la secretaria de Estado intervino de forma personal el borrador del proyecto, al margen de las revisiones habituales con los equipos técnicos de su propio ministerio.
A raíz de esto, la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), liderada por el ministro José García Ruminot, junto a asesores del Segundo Piso de La Moneda —entre ellos el profesional en materias tecnológicas Sebastián Torrealba—, debieron abrir una mesa de revisión para adecuar el texto a los estándares de técnica legislativa requeridos.
Entre los puntos cuestionados en el texto presentado por Lincolao figura un mecanismo de depreciación acelerada del 100% para empresas del sector tecnológico, que permitiría reducir la carga impositiva en inversiones del rubro y que provocó reparos en la cartera de Hacienda por su impacto en las finanzas públicas.
El proyecto original, ingresado en abril de 2023, contempla una regulación de la IA basada en categorías de riesgo, mientras que la ministra ha impulsado un modelo menos prescriptivo, con certificaciones voluntarias y espacios de experimentación regulatoria ("sandboxes").
Desde el Ministerio de Ciencia aseguraron a La Tercera que la iniciativa se "ha hecho articulando un trabajo con todos los actores" y "las indicaciones serán ingresadas al Congreso en tiempo y forma".
La discusión también generó críticas parlamentarias: la senadora socialista Daniella Cicardini pidió aclarar "si desde el Segundo Piso se está obstaculizando" el trabajo de Lincolao, mientras que su par PPD Ricardo Celis apuntó a "deficiencias en la asesoría legislativa".
El Senado fijó el 4 de diciembre como fecha límite para el ingreso formal de las indicaciones.
Esta controversia se suma a la intervención que La Moneda realizó en el Ministerio de Ciencia, luego del quiebre de la relación entre Lincolao y la subsecretaria Carolina Rossi, marcado por acusaciones cruzadas, desconfianzas y desvinculaciones de funcionarios. En ese contexto, el Ejecutivo incorporó a la exasesora Carolina Calvo para reforzar la cartera.
