La Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) reafirmó sus críticas al proyecto de ley que sistematiza los delitos económicos y medioambientales, tras la decisión del Tribunal Constitucional de dar luz verde a su promulgación, desestimando analizar el "téngase presente" ingresado por el gremio.
A través de una declaración, la CPC planteó que "condenamos tajantemente todo tipo de abuso, colusión, fraude, enriquecimiento ilícito, cohecho o cualquier mala práctica empresarial, porque afecta directamente a las personas, a la confianza y la fe pública. Cada uno de estos delitos debe ser sancionado de acuerdo a la legislación, garantizando los principios de certeza jurídica, el debido proceso y la igualdad ante la ley".
"El 10 de julio pasado, presentamos al Tribunal Constitucional un 'téngase presente', porque si bien compartimos el objetivo del proyecto de ley de Delitos Económicos y Atentados contra el Medio Ambiente, consideramos que no cumple del todo con estos principios, pues vulnera derechos fundamentales, como la igualdad ante la ley y el debido proceso. Por ello, creemos que requiere de una revisión en algunas materias", recordaró.
El gremio del gran empresariado añadió que "cuando se pasan a llevar principios y derechos, nos parece absolutamente legítimo y necesario usar la institucionalidad y las herramientas que nos entregan la Constitución y las leyes, para defenderlos y presentar nuestros puntos de vista".
"Esperamos que luego de que se conozca la sentencia del Tribunal Constitucional y se promulgue la ley, se abra la posibilidad de una discusión técnica, que permita mejorar aquellos aspectos que, de acuerdo a análisis jurídicos, pueden perjudicar la actividad económica, como son la creación de un sistema penal paralelo, la ambigüedad en la definición de nuevas figuras delictivas, la desproporción entre las penas asociadas a delitos económicos y el resto de los ilícitos, entre otros", indicaron.
El texto termina planteando que "en la CPC nos parece fundamental contar con una legislación adecuada que penalice los delitos económicos y contra el medio ambiente. Se debe sancionar a los que abusan y, a la vez, garantizar certeza jurídica e igualdad ante la ley. Necesitamos una legislación efectiva y que no se preste para ninguna ambigüedad ni discriminación".
Asimismo, el líder del gremio empresarial, Ricardo Mewes, dijo que "esperamos que luego que se conozca la sentencia del Tribunal Constitucional y se promulgue la ley, se abra una posibilidad de una discusión técnica, que permita mejorar aquellos aspectos que, de acuerdo a análisis jurídicos, pueden perjudicar la actividad económica, como son la creación de un sistema penal paralelo, la ambigüedad en la definición de nuevas figuras delictivas, la desproporción entre las penas asociadas a delitos económicos y el resto de los ilícitos".
LEY "NO IMPUTA A DIRECTIVOS DE EMPRESAS POR EL SOLO HECHO DE SERLO"
Tras conocerse el "téngase presente" de la CPC, un grupo transversal de senadores ingreso uono propio para defender la nueva ley, aunque tampoco fue revisado por el TC.
Con todo, el senador Matías Walker (Demócratas), principal impulsor de la legislación, aclaró que "acá no se está imputando delitos a un directivo o gerente de una empresa por el solo hecho de serlo, sino que cuando ese directivo interviene directamente en la comisión de un delito".
Tras el visto bueno del TC, se expresó "muy contento de que, después de casi cinco años de tramitación, nuestra ley de delitos económicos vea la luz".
"Sabemos que la inmensa mayoría de los empresarios actúan de manera proba, compiten dentro del mercado y entregan productos, servicios y bienes para que podamos avanzar en nuestro país. Pero aquellos que terminan enlodando la propia labor de aquellos que actúan bien, tienen que recibir penas ejemplificadoras. Por eso, valoro el fallo del TC", comentó la senadora Paulina Núñez (RN), quien suscribió el "téngase presente" de los parlamentarios.
"No es momento de llegar tarde y llegar mal, creo que en esto los gremios de los empresarios se han equivocado: pueden perfectamente participar como lo hacen en distintos proyectos durante toda la tramitación, pero llegar al final nos parece un poco dudoso respecto de la voluntad de poder tener esto sistematizado y por supuesto dar una señal concreta respecto de aquellos malos empresarios", añadió Núñez.
En tanto, el diputado Daniel Manouchehri (PS) destacó que se trata de "una buena noticia para Chile, la ley de delitos económicos pese a las presiones del gran empresariado ha sido aprobada por el Tribunal Constitucional. Con esta ley se acaba la impunidad, se acaban las clases de ética y los poderosos que se coluden, que engañan y abusan de la gente tendrán que pagar con cárcel por sus delitos. Bien por Chile, bien por nuestra gente".
Mientras que el diputado Leonardo Soto (PS) apuntó que "esta ley, en definitiva, lo que busca es terminar con esta clásica idea de que en Chile existe una justicia para ricos y otra para pobres. Aquí nosotros necesitamos que todo aquel que incumpla con la ley, que cometa graves delitos o crímenes sea condenado sin ninguna distinción ni privilegios, que exista la misma justicia para todos".
ELIZALDE VALORA DECISIÓN Y REPROCHA CRÍTICA A "ÚLTIMA HORA"
El ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, sostuvo que "llama la atención que tras años de tramitación de esta legislación se haya presentado a última hora este téngase presente en el Tribunal Constitucional que finalmente no prosperó".
"La oportunidad para hacer valer los argumentos era durante el trámite legislativo, y por lo demás se otorgaron numerosas audiencias en ambas Cámaras del Congreso Nacional para escuchar a todos los actores. De todas formas, queremos valorar que se avance en una legislación de avanzada en materia de delitos económicos y ambientales y que va a ser un desincentivo para que estos delitos que son tan dañinos y que perjudican a tantas personas, se siguen cometiendo en nuestro país", recordó.
