El Gobierno retirará su reforma constitucional de seguridad tras el amplio rechazo legislativo a su propuesta de crear un estado de excepción de 120 días y permitir la interceptación de comunicaciones sin orden judicial.
En su lugar, La Moneda respaldará un texto alternativo elaborado por los senadores Pedro Araya (PPD), Andrés Longton (RN) y Arturo Squella (Republicanos), iniciativa que será ingresada a trámite a más tardar este martes para destrabar el debate en la Cámara Alta.
El nuevo texto parlamentario concentrará los esfuerzos institucionales en tres ejes prioritarios de consenso: el combate frontal al crimen organizado, el establecimiento de regímenes especiales para la seguridad penitenciaria y precisiones operativas al estado de excepción de emergencia ya vigente en la Carta Fundamental.
Reparos desde el Partido Comunista y el Partido Socialista
Pese al intento por dar un carácter de consenso transversal a la propuesta, la presidenta y senadora del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, tomó distancia formal de la tratativa, asegurando que no intervino en la redacción del texto y cuestionando que se le catalogara como una iniciativa transversal en el seno de la Comisión de Constitución.
A estos cuestionamientos se sumó la senadora comunista Claudia Pascual, quien descartó la urgencia de introducir modificaciones directas a la Constitución para resolver estas materias.
En el oficialismo surgieron reparos; la senadora Claudia Pascual sostuvo: "Yo no tengo la convicción de que haya que constitucionalizar algo". (FOTO: ATON)
Al respecto, la legisladora enfatizó "que nos parece que primero hay que ponerse de acuerdo de qué es lo que realmente hay que constitucionalizar. Yo no tengo la convicción de que haya que constitucionalizar algo, sí de que hay que mejorar legislaciones, como por ejemplo elevar el rango de los reglamentos penitenciarios a leyes orgánicas, no a la Constitución".
"Son temas que nos parecen importantes y ninguno de ellos es de rango constitucional", puntualizó.
Squella defiende diálogo y define prioridades contra el crimen organizado
Frente a la controversia por la representatividad de las negociaciones, el senador y timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, desestimó las acusaciones de marginación y llamó a los distintos sectores políticos a priorizar las herramientas contra la delincuencia.
"Es absurdo pensar que no hayamos querido invitarlas, como al final terminaron reconociendo en el fondo que se había hecho la invitación, se había mandado el texto. Es legítimo no estar disponible para firmar un proyecto. Nosotros sí esperaríamos, más allá de ese impasse de la semana, de que conocido el texto estén disponibles para combatir como corresponde el crimen organizado, en eso es lo que estamos trabajando con los senadores Araya y Longton", enfatizó el legislador oficialista.
El senador de Republicanos Arturo Squella desestimó exclusiones y afirmó que esperan que las distintas bancadas "estén disponibles para combatir como corresponde el crimen organizado". (FOTO: ATON)
Asimismo, defendió los cuestionamientos por la opción de un nuevo estado de excepción, asegurando que "si bien no era estrictamente necesario que hubiera un nuevo estado de excepción, lo que sí necesitaba era una hipótesis de que, cuando se cuenta con la información suficiente de que en tal lugar están las personas que son parte de una investigación judicial, se pueda avanzar con toda la fuerza del Estado".
Ejes que quedan fuera del nuevo texto
El ingreso del nuevo texto legislativo está previsto a más tardar para este martes en el Senado.
Con esta reformulación, el Ejecutivo da un paso atrás en dos de los puntos más controvertidos de su propuesta inicial: la instauración de una quinta categoría de estado de excepción constitucional y la facultad de ejecutar interceptaciones telefónicas y de comunicaciones sin requerir previamente una orden judicial.
