La implementación de la megarreforma permanece en espera debido a que falta que se vote el sistema de compensación propuesto por el Gobierno para atenuar la menor recaudación de los municipios por la eliminación de las contribuciones a los mayores de 65 años, sin importar su nivel socioeconómico.
Y sigue en el debate, pues mientras el oficialismo defiende la fórmula y afirma que la legitimidad la dan los votos con que llegó al poder el Presidente José Antonio Kast, la oposición acusa que esto generará que los más pobres financien a las comunas más ricas, ya que la propuesta del Ejecutivo es que se compense con impuestos generales como el IVA para entregarlos directamente a las comunas más afectadas, que son precisamente las que tienen población con mayores ingresos.
Frente a ello, en El Primer Café de Cooperativa el presidente del directorio del Instituto Igualdad, Ricardo Solari (PS), apuntó que "la última decisión respecto de que de fondos generales se les inyecten recursos a los municipios más ricos -es decir, que la gente más pobre de Chile contribuya a financiar el déficit eventual presupuestario de Las Condes- me parece que queda totalmente consagrado".
Solari además denunció lo que calificó como una presión indebida hacia los sectores vulnerables: "La naturaleza regresiva del proyecto quedó de modo cruelmente expresada en esa última decisión, y con el adicional chantaje hacia los municipios más pobres del país en relación con que si no se acepta lo anterior, tampoco va a haber compensación hacia los pobres".
Y apuntó a que los daños causados por el temporal demuestran que se necesitan recursos centralizados: "La situación de la emergencia climática ha generado la conciencia clara de que el Estado requiere recursos para poder resolver muchos problemas que van a quedar. Ahora, la decisión global del proyecto consiste en reducirle recursos al Estado. Esa fue la decisión que se tomó y eso es lo único cierto que está claro que va a ocurrir, el resto queda todo por verse".
Ruz: Decisión política y socialmente incomprensible
Una posición similar mostró el presidente del directorio de la fundación Democracia y Comunidad, Luis Ruz (DC), quien expresó que los parlamentarios de su partido plantearon "un diálogo para que el ministro, en este caso del Interior y vocero a la vez, tuviese una posibilidad de llegar a acuerdo y que los municipios no se vean afectados, en particular a propósito de las contribuciones. Y obviamente lo que se requería ahí era fortalecer el Fondo Común Municipal".
"Lo que hizo finalmente el Gobierno fue algo distinto: no solamente para el Fondo Común Municipal, sino que destinar una cantidad de recursos (entiendo que son alrededor de los 80 mil millones de pesos) para los municipios directamente afectados. ¿Y eso qué significa en los hechos? Que de los recursos de todos los chilenos íbamos a terminar entregándole recursos a aquellos municipios que ayudaban, porque podían, al Fondo Común Municipal", que eran los con más recursos, detalló.
"Por lo tanto, la lógica regresiva nuevamente estaba presente. Acá el Gobierno perdió nuevamente una oportunidad de consensuar, de acordar con otros sectores que van más allá del oficialismo de una medida que a todos los interprete. Y la verdad es que en este caso en particular, se les quitan recursos a aquellos municipios que no los tienen por sus condiciones específicas. Es una decisión económica y socialmente incomprensible", sentenció.
Arqueros: Legitimidad basada en elección del Gobierno
Claudio Arqueros (UDI), director de formación de la Fundación Jaime Guzmán, argumentó que "la forma como se expresaron las diferencias durante la tramitación del proyecto, las expresiones en la oposición, en diferencias medulares con el proyecto, dan cuenta de una cuestión: aquí no hay un proyecto país. Eso lo hemos venido viviendo los últimos casi los últimos 10 años y esto da cuenta de aquello. Pero eso no le quita legitimidad que se haya aprobado. El Congreso es un canal legítimo donde democráticamente se resuelven en democracia por mayoría aquellas cuestiones en las que puede haber legítimas diferencias".
"Yo creo que es el momento de decirle al país: mire, aquí no tenemos un proyecto. Eso se viene cayendo desde hace rato. Los dos procesos constitucionales dan cuenta de eso. Hay diferencias al respecto. Pero lo que me hace sentido es que el Gobierno prometió durante la campaña hacer algo diferente", expuso.
"Durante mucho tiempo se vino subiendo los impuestos en nuestro país, con votos incluso de la derecha. Hoy día se pedía hacer algo distinto para romper la inercia. No se contó con los votos de la izquierda, eso contribuye a mi argumento, pero lo importante es que el Gobierno, que ganó con un amplio respaldo, está cumpliendo un compromiso y yo creo que la legitimidad la tiene", sentenció Arqueros.
Ubilla: Se entregan mayores certezas
El exsubsecretario Rodrigo Ubilla (RN), director del área política de Libertad y Desarrollo, enfocó el tema desde otro punto: "La megarreforma o la ley de Reconstrucción que planteó el Presidente Kast tiene que ver con un enfoque distinto, con una estrategia distinta de cómo se han planteado los últimos gobiernos en cuanto a fomentar el desarrollo y el crecimiento en el país".
"Aquí la decisión política tiene que ver con dar certezas, bajar algunos impuestos para efecto de favorecer la inversión y con la inversión favorecer al empleo y el crecimiento. Eso es un modelo que se instrumenta a partir de un proyecto, pero que pretende ser un modelo que debiera quedarse. Debiera quedarse y debiera permitirse en el tiempo desplegar su capacidad y su potencialidad", añadió.
"Pienso que debiera ser un proyecto que trascienda un gobierno específico y que permita a través de este modelo lograr abordar un tema que es lo que más me preocupa a mí: este pesimismo. La gente hoy día percibe un futuro económico no auspicioso y esta es una respuesta. Es una respuesta que debiera permitir en el tiempo lograr ese crecimiento, por lo tanto, mayor empleo y mayores certezas", detalló.
