El Congreso despachó este martes el proyecto de ley que endurece las sanciones contra delitos económicos y ambientales, iniciativa aprobada por amplia mayoría y que forma parte de la agenda antiabusos del Gobierno de Gabriel Boric.
Se trata de un conjunto de medidas que pretende perseguir y castigar actos como la colusión, el uso de información privilegiada y la corrupción.
Una vez aprobada por el Legislativo a mediados de mayo, el Gobierno decidió enviar un veto acotado para modificar correcciones formales al proyecto, evitando así, de acuerdo al Ministerio de Justicia, "ambigüedades" al momento de interpretar la norma.
"Una de las razones centrales por las cuales es importante, es que trata de un modo distinto a la criminalidad económica de la común", señaló entonces el titular de esa cartera, Luis Cordero.
A la espera de ser revisado por el Tribunal Constitucional, el proyecto "sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente", modifica normas y adecúa penas aplicables en cada caso, con la finalidad de "abordar la conmoción y el rechazo social que generan los delitos de naturaleza económica y su impacto en el orden público económico".
Desde 2008 a la fecha, en Chile se han registrado decenas de casos de colusión empresarial, hechos que terminaron en multas millonarias pero que apaciguaron la sensación de desigualdad ante la ley denunciada por la población.
Empresas de retail, transporte interurbano, medios de comunicación, compañías dedicadas a la producción y venta de pollos, navieras, sociedades médicas, mercado de pañales y papel higiénico, entre otras, son algunas de las áreas que han protagonizado escándalos de este tipo.
