Un tenso debate se ha llevado a cabo este miércoles en el Congreso respecto al proyecto que eleva a rango legal las Reglas del Uso de la Fuerza, a raíz de un artículo contenido en las indicaciones ingresadas por el Ejecutivo que pide un trato diferenciado de las policías y Fuerzas Armadas para ciertos grupos de la población, lo que ha provocado diversas críticas desde la oposición y del oficialismo.
La disposición señala que se deben considerar especifidades para el uso diferenciado de la fuerza en los casos en que exista presencia de niños, niñas, o adolescentes; mujeres; diversidades sexuales; personas con discapacidad; migrantes, indígenas o adultos mayores.
Ante ello, el diputado UDI Jorge Alessandri afirmó: "Nosotros pensamos que la fuerza ilegítima tiene que ser repelida igual, no importa de quién viene".
"En México la gran crisis de asalto a los bancos fue de mujeres con metralletas, ¿usted está insinuando que el GOPE no entre en esos casos porque son mujeres las que sostienen las metralletas? La bala de una mujer, de un adulto mayor, de un menor de edad, de una persona que pertenece a pueblos originarios asesina igual a las víctimas", agregó el parlamentario gremialista.
Por su parte, el diputado Luis Sánchez (Republicanos) enfatizó que "la ideología del Gobierno cada día puede alcanzar nuevos límites, y aquí nos dicen que, al parecer la bala de un mapuche, la bala de un homosexual, no hace tanto daño como la bala disparada por otro delincuente".
CUESTIONAMIENTOS DESDE EL OFICIALISMO
Desde el oficialismo, el diputado Raúl Soto (PPD) también cuestionó la indicación del Gobierno y señaló que le parece "irrisorio, me parece absurdo que cuando estamos buscando regular cómo las policías, cómo las FF.AA, pueden actuar para enfrentar el crimen organizado en nuestro país, se plantee que hay que tener una especial consideración por las diversidades sexuales, por las minorías, por los migrantes".
"Por favor, el principal problema de crimen organizado que tenemos en Chile se trata justamente de migrantes irregulares. Lo único que hacemos es prestarnos para el leseo", añadió el legislador.
FISCAL NACIONAL NO ENTIENDE "CÓMO SE APLICARÍA"
En conversación con El Diario de Cooperativa, el fiscal nacional, Ángel Valencia, reconoció que "no hemos sido citados para expresar nuestra opinión respecto de ese aspecto del proyecto, me enteré por la prensa, (y) no entiendo muy bien la forma en cómo se aplicarían los hechos".
"Prefiero -una vez conocido el proyecto- emitir una opinión", concluyó el jefe del ente persecutor.
TOHÁ DEFIENDE TRATO DIFERENCIADO A "GRUPOS DESFAVORECIDOS"
La ministra del Interior, Carolina Tohá, defendió la indicación al sostener que no contiene "nada nuevo" y que está contemplada para el segundo nivel del uso de la fuerza, es decir, la disuasión verbal. La redacción del artículo, de todos modos, no lo precisa así.
La titular participa esta tarde en la sesión conjunta de las comisiones de Constitución y de Seguridad Pública de la Cámara Baja, para revisar el proyecto. Más temprano, durante una sesión especial del Senado, Tohá salió de la Sala para hablar con la prensa ante la escalada de la polémica.
"Es una recomendación de que los reglamentos que aplican esta ley tengan en cuenta la realidad de algunos grupos que tienen condiciones desfavorecidas, a través de un uso diferenciado en cierta parte de las reglas de uso de la fuerza, que es el uso disuasivo de la comunicación. Por ejemplo, a un transexual varón no se le puede llamar 'señorita' porque, probablemente, lo que se va a hacer es escalar la situación en lugar de calmarla. Hacer burlas con homosexuales, migrantes y niños es una vieja escuela que conocemos muy bien, pero hace tiempo que se considera de mal gusto. Alimentar los prejuicios y los miedos no es una buena manera de llevar los debates", explicó.
En ese sentido, explicó que las diversidades sexuales y los indígenas son grupos que deben ser protegidos por dicha legislación e hizo un llamado a los parlamentarios oficialistas a no realizar interpretaciones equivocadas sobre el proyecto
