"Cuando se trata de tomas de terreno, no pueden llevarse adelante acciones que impliquen penas de cárcel", advirtió la diputada comunista Karol Cariola.
Desde el Socialismo Democrático le dan "plena libertad" al Ejecutivo.
El Gobierno tiene plazo hasta este viernes 29 de septiembre para presentar el veto presidencial al proyecto de ley de usurpaciones, que cuenta con el apoyo del Socialismo Democrático, pero causa dudas en el Partido Comunista, que condiciona su apoyo a suprimir las penas de cárcel para esta iniciativa.
La iniciativa sobre usurpaciones fue aprobada a fines de agosto por el Senado y visada por la Cámara Baja, por lo que quedó despachada. Sin embargo, quedó la indicación que incorpora la polémica figura de la "legítima defensa privilegiada", por lo que se anunció que se ingresará un veto presidencial.
La situación implica que el Congreso tendrá que aceptar las observaciones del Mandatario, ya sea incluir vetos aditivos, supresivos o sustitutivos o una mezcla -depende de la fórmula que elija el Gobierno- o se necesitará dos tercios para mantener lo ya aprobado.
Por lo anterior, esta semana el Gobierno ha tenido una serie de reuniones para llegar a un acuerdo sobre la forma y contenido de dicho veto.
Desde el Socialismo Democrático, el diputado Jaime Araya (bancada PPD) afirmó que "teníamos una posición bastante rígida respecto de tener penas privativas de libertad para las usurpaciones no violentas, que es lo que nos distancia. Y hoy día hemos dicho que actúen con plena libertad, y vamos a respaldar lo que el Gobierno proponga que sea la fórmula que permita que este proyecto tenga el acuerdo de ambas coaliciones".
Mientras que desde Apruebo Dignidad, la diputada comunista Karol Cariola señaló que "creemos que en el caso de la usurpación, cuando se trata por ejemplo de tomas de terreno, no pueden llevarse adelante acciones que impliquen necesariamente, por el solo hecho de la usurpación, penas de cárcel".
"Nosotros estamos en contra de las usurpaciones, sin embargo, también creemos que hay elementos de proporcionalidad respecto de las medidas que se toman. Nosotros sí estamos de acuerdo con la falta, pero cuando se plantean mecanismo de presidio u otro tipo de penas, nos parece que hay elementos de desproporcionalidad en la discusión que aquí salió y nos parece que el Ejecutivo en su veto debiera considerarlo", agregó la parlamentaria comunista.
La legislación actual sanciona la usurpación no violenta con hasta 630 mil pesos y la violenta con hasta 1,2 millones; mientras que la ley aprobada por el Congreso estableció penas de hasta 3 años y 5 años de presidio -ya sea si hubo fuerza contra las personas o las cosas-, respectivamente
En tanto, desde la oposición, el diputado Andrés Longton (RN) aseguró que "hemos conversado con el Gobierno, pero la verdad es que hasta el momento las luces que dan es que no estarían en disposición de llegar a un acuerdo, porque al parecer no habría ninguna concesión".
Asimismo, el diputado Henry Leal (UDI) dijo que "nosotros ya hemos cedido: estamos disponibles a graduar las penas, a sacar la legítima defensa privilegiada, pero el Gobierno no puede hacerse eco del Partido Comunista y dejar pena de multa, porque si lo hacen, eso va a significar seguir tal como estamos hoy día. Las policías no van a poder detener".
Finalmente, el diputado Johannes Kaiser (bancada republicana) sostuvo que "creemos que usurpar una casa, aunque sea por medios no violentos, no puede tener una pena menor que el robo de un auto. No creemos que sea una buena idea el ceder tampoco a las presiones de la CAM, que amenaza con levantarse en armas si se aprueba este proyecto".
