El jefe del Ministerio Público sostuvo que municipalidades, corporaciones y fundaciones no pueden ser equiparadas a las personas naturales en materia de privacidad financiera.
El Gobierno prepara una iniciativa para regular el acceso a información financiera en el marco de investigaciones penales.
El fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió este lunes al debate sobre el levantamiento del secreto bancario y planteó que las instituciones públicas no deberían contar con el mismo nivel de protección que las personas naturales respecto de su información financiera.
Las declaraciones se producen luego de que el Ministerio de Hacienda anunciara la presentación de un proyecto de ley en esta materia, el que, según ha señalado el Ejecutivo, contemplará la necesidad de autorización judicial para acceder a antecedentes bancarios.
"Normalmente el secreto bancario lo que ampara es la intimidad de las personas y otros secretos protegidos por ley. Pero esa misma intimidad no la tienen las instituciones públicas", señaló el fiscal.
El jefe del Ministerio Público agregó que se tratan de cosas distintos, "la intimidad a que puede tener una municipalidad es distinta a la que puede tener una persona natural o una empresa del Estado".
Valencia extendió además ese criterio a corporaciones y fundaciones sin fines de lucro, particularmente cuando son objeto de investigaciones por eventuales delitos de corrupción.
La discusión sobre el secreto bancario volvió a instalarse en la agenda pública a propósito del denominado caso Operación Tokio y de las propuestas que buscan fortalecer las herramientas investigativas para perseguir delitos económicos, de corrupción y crimen organizado.
