El juicio político contra el exministro de Hacienda frenteamplista obedece a supuestas inconsistencias por 9,6 billones de pesos en las proyecciones de deuda futura.
Diputados del Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario ingresaron formalmente este lunes la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau.
La acción fue anunciada tras la denuncia del Ejecutivo por las inconsistencias por 9,6 billones de pesos en las proyecciones de deuda del gobierno anterior. Pese a las críticas de distintos sectores de la misma derecha, la misiva contó con la firma de parlamentarios de Renovación Nacional y del Partido de la Gente, además de diputados independientes.
La acusación cuenta de cuatro capítulos descritos en un documento de 60 páginas, dividido en: la entrega de información fiscal inconsistente; la vulneración a los principios de unidad y coordinación que rigen la administración financiera; la omisión de obligaciones y compromisos financieros relevantes, y la infracción al deber de consistencia y coherencia en la programación financiera.
El diputado libertario Cristóbal Urruticoechea señaló que el líder de la billetera fiscal realizó infracciones a "el artículo octavo de la Constitución. Segundo, infracción al artículo tercero del Decreto Ley 1263. Tercero, infracción al artículo cuarto del Decreto Ley 1.263. Y, por último, infracción al artículo quinto del Decreto Ley 1.263".
En esa línea, sostuvo: "Estamos seguros de que la acusación constitucional debe avanzar y se le debe prohibir al exministro Nicolás Grau cumplir cualquier cargo público durante los próximos cinco años porque, como denota el texto que hemos realizado y trabajado, no tiene la capacidad suficiente para administrar, para delegar o para simplemente contar la verdad".
El parlamentario aseguró que la misiva avanzará en la Cámara Baja y llamó al Senado a dejar de lado "esa especie de prudencia dormida donde, en vez de calificar realmente como son las situaciones que están sucediendo, se dejan llevar más bien por sentimientos o por algún tipo de reconocimiento que no tiene ningún sentido. Hablo claramente del ejemplo de lo que pasó con el exministro Pardow".
Por su parte, el diputado Benjamín Romero (Republicanos) precisó que como colectividad "adherimos a esta acusación constitucional porque creemos que acá el que las hace, las paga".
"Para el futuro del país es importante que cuando hay errores —que más que errores son asimilables a horrores financieros que van a influir en la calidad de vida de todas las personas— estos no queden impunes", aseveró.
Desde la oposición, parlamentarios sostienen que se trata de una acción del Gobierno del Presidente José Antonio Kast. En ese sentido, apuntan a una posible acusación contra el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, porque "no están cuadrando" los números del informe financiero del Plan de Reconstrucción Nacional, que incluye una reforma tributaria; además, la toma de decisiones como la no aplicación del Mepco y el embargo a deudores del CAE.
Una hora antes del ingreso formal de la acusación, y consultado por la prensa en el Congreso, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, señaló que no conocía el detalle del documento, pero "lo único que uno pide es que los argumentos sean fundados".
Asimismo, ante la interrogante de si la acción podría afectar el trámite de la megarreforma en el Senado, precisó que "no tenemos temor. Si una acusación constitucional es fundada y una autoridad de Gobierno, un ministro, comete falta flagrante a la Constitución, queda expuesto a una AC".
