La iniciativa pasó al Senado para su segundo trámite legislativo.
La diputada Camila Flores hizo reserva de constitucionalidad.
La iniciativa fue ingresada al Congreso durante el gobierno de Michelle Bachelet.
La Cámara de Diputadas y Diputados despachó este martes al Senado un proyecto de ley que establece sanciones por conductas como la incitación a la violencia física y al odio, además del negacionismo respecto a las violaciones a derechos humanos de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990).
La idea matriz de la iniciativa es sancionar penalmente a quienes promueven discursos que, conforme a la terminología del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, consistan en una apología del odio, capaz de desencadenar en actos de violencia o cualquier otra acción ilegal similar, que afecte a un grupo de personas o a sus miembros, según detalló el sitio web de la Corporación.
Sin embargo, y pese a aprobarse el artículo 1 que introduce un párrafo sobre incitación a la violencia y al odio en el catálogo de los crímenes y simples delitos que afectan los derechos garantizados por la Constitución, la norma sobre incitación a la violencia física fue rechazada, al no alcanzar los votos que se requerían de quórum calificado. Mientras que el siguiente artículo, referido a la incitación al odio, no alcanzó mayoría simple para su aprobación.
El texto proponía sancionar el delito de incitación a la violencia, con una pena de presidio menor en su grado mínimo (de 61 a 540 días) y multa de 20 a 40 UTM. Y en el caso de la incitación al odio, se establecía una pena de prisión en su grado medio a máximo, es decir, de 21 a 60 días.
En tanto, con 75 votos a favor, 66 en contra y 6 abstenciones fue aprobada la norma que sanciona a la persona que "a través de cualquier medio justificare, aprobare o negare las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante la dictadura cívico militar ocurrida en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, consignadas en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, en el Informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, en el Informe de la Comisión de Prisión Política y Tortura, y en el Informe de la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, sin perjuicio de los posteriores informes que sean reconocidos por el Estado sobre la materia".
Lo anterior, dice el texto, siempre que dichos actos perturben el orden público o bien impidan, obstruyan o restrinjan de forma ilegítima el ejercicio de un derecho por parte de el o los ofendidos.
Para este delito se establece una pena de presidio menor en su grado medio (541 días a 3 años), y multa de 40 a 60 UTM.
Además, se indica que la sanción se agravará en un grado si la conducta es cometida por un funcionario público, quien además sufrirá la pena de inhabilidad absoluta temporal, en su grado mínimo, para ejercer funciones públicas.
El diputado Tucapel Jiménez, cuyo padre fue asesinado por la dictadura, valoró el avance de la iniciativa y apuntó que "cualquier sociedad en democracia ha legislado sobre esta materia, las sociedad modernas, en Europa".
"Lo que se pretende es sancionar a quienes nieguen crímenes, torturas, no es que se esté sancionando la opinión o el diálogo", precisó, junto con resaltar que "le hace bien a una sociedad, a veces las palabras hieren más que los hechos, causan más daños y dolor".
La diputada Camila Flores, de Renovación Nacional, hizo reserva de constitucionalidad por uno de los artículos aprobados asegurando que "vulnera el derecho a la libertad de opinión y de pensamiento".
"Esta norma es discriminatoria porque se aboca principalmente a determinados hechos y no a hechos generales vividos en nuestro país. Además, creemos que atenta incluso a la libertad de cátedra y evidentemente hay que tener en consideración que existen derechos fundamentales como es la libertad de conciencia que están siendo vulnerados desde nuestro punto de vista", aseveró la parlamentaria oficialista, pinochetista confesa.
El diputado Francisco Undurraga (Evópoli) planteó que "lo que se denomina negacionismo yo más bien lo llamaría oda a la censura, lo que se dice es que habría un delito en pensar y opinar de una determinada forma, es decir, aparece la policía moral".
Por su parte, Carmen Hertz (PC) manifestó que "una de las falacias más graves que se ha publicitado es que con el tipo de negacionismo se sancionen ideas y posiciones políticas".
"Se vuelve a insistir en las falsedades de siempre, advertimos que existen a lo menos 10 países que sancionan la negación de crímenes de lesa humanidad, entre ellos Alemania, España, Suiza, entre otros", añadió.
En la oposición consideraron un "error histórico" la abstención y/o votos en contra de los diputados del Frente Amplio a las enmiendas que sancionan la incitación de la violencia física y al odio.
El diputado Gabriel Boric (CS) explicó sus motivos para no apoyar las sanciones y señaló que "establecer tipos penales abiertos, que quedan al criterio de una autoridad que en el último tiempo es bastante descriteriada y más aún de sus policías, como es la incitación al odio, me parece que puede ser peligroso y puede terminar siendo un boomerang que termine en una mayor oleada represiva, tal como ha sucedido en países como España".
"No creo que en este momento, cuando no hay una perspectiva clara de derechos humanos, que esperemos que las haya y hay que trabajar para eso en Chile, sea conveniente legislar en torno a mayores facultades represivas para la policía", dijo el parlamentario.
La iniciativa, que fue ingresada hace tres años, durante el Gobierno de Michelle Bachelet, pasó al Senado para su segundo trámite legislativo.
La Cámara despachó a segundo trámite el proyecto que tipifica como delito el negacionismo de los crímenes cometidos por la dictadura cívico-militar de Pinochet.
— Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) September 23, 2020
Se cayeron las sanciones asociadas a los delitos de incitación al odio y a la violencia.@Cooperativa
