El texto, emanado de la Comisión de Etica, fija multas de hasta el 5 por ciento de la dieta parlamentaria.
Legisladores deberán abstenerse de opinar o votar en todo asunto "que interese directamente" a ellos, sus cónyuges o a parientes.
Tras una consulta presentada en el mes de junio por los parlamentarios Roberto León (DC) y Felipe Harboe (PPD), la Comisión de Etica de la Cámara Baja notificó ayer martes a los 120 diputados de una resolución que fija los criterios y las eventuales sanciones ante los casos de conflictos de interés que los involucren.
La resolución establece que los diputados deberán abstenerse de emitir opiniones o votar en todo asunto "que interese directa o personalmente a ellos o a sus cónyuges", o a sus parientes de "hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad", o a personas ligadas a ellos por adopción, consigna este miércoles el diario La Tercera.
El acuerdo de los integrantes de la comisión establece que la norma es aplicable no sólo cuando el parlamentario o sus familiares pudieran percibir réditos económicos por la aprobación o rechazo de determinado proyecto de ley, sino también en caso de recibir otro tipo de beneficios.
Así, "si se detecta un conflicto de interés evidente y claro entre el voto de un parlamentario y sus intereses, a partir de esta interpretación que ha hecho la comisión vamos a poder aplicar las sanciones que existen en el reglamento", explicó el titular de la Comisión de Etica, Marco Antonio Núñez.
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| Los parlamentarios chilenos tienen declarado sólo el 66 por ciento de su participación en sociedades privadas. (Foto: UPI) |
La resolución contempla ciertas excepciones, por ejemplo, cuando se trate de cuestiones de carácter general, como la tramitación del reajuste de remuneraciones al sector público o una reforma tributaria, precisa el diario, que indica que la norma se aplicará ante proyectos de ley que pudieran tener alguna vinculación con sociedades comerciales en las que diputados tienen participación.
El texto de la Comisión de Etica señala que si bien la Constitución garantiza la inviolabilidad del derecho de los diputados a votar en la tramitación de las leyes, la normativa permite ejercer un control y aplicar sanciones después de que se haya materializado cada votación.
Las sanciones que se aplicarán van desde amonestaciones verbales y escritas hasta multas de entre un 2 y un 5 por ciento de la dieta, que equivale a poco más de 6 millones de pesos.
Según una investigación realizada por la Fundación Ciudadano Inteligente, los parlamentarios chilenos han declarado sólo el 66 por ciento de su participación en sociedades privadas, incurriendo en este ocultamiento de información legisladores de todas las bancadas, liderados por los de la UDI.
