La Cámara de Diputadas y Diputados convocó a una sesión especial para "analizar los fundamentos" de los 13 indultos que anunció el último viernes el Presidente Gabriel Boric, a 12 condenados por delitos vinculados al estallido social y a un exfrentista, decisión que ha generado un tenso clima político con la oposición.
Tras la solicitud suscrita por 53 parlamentarios, conforme al reglamento de la Corporación, el timonel Vlado Mirosevic (PL) citó a una sesión de Sala para mañana miércoles, entre las 19:30 y las 21:00 horas.
Como objeto de la asamblea, la petición apunta a "analizar los fundamentos que tuvo a la vista S.E. el Presidente de la República para otorgar 13 indultos presidenciales a delincuentes condenados en el marco del 'estallido social' y a un terrorista que integraba el Frente Patriótico Manuel Rodríguez".
El referido exfrentista es Jorge Mateluna Rojas (48), quien, sin embargo, estaba en la cárcel por un hecho ajeno a las acciones de la otrora organización guerrillera.
En 2014 fue condenado a 16 años de prisión por el robo a una sucursal del Banco Santander, en Pudahuel, ocurrido en 2013, asalto en el que fueron utilizados elementos como granadas y fusiles de guerra. Un delito que él ha sostenido que no cometió: de hecho, un carabinero estuvo imputado por presunta falsificación pruebas, pero en 2019 el Ministerio Públicó resolvió no seguir investigando.
Una década antes, purgaba una pena de 12 años por su participación en el FPMR, pero en 2004 se acogió a la Ley de Indulto para exsubversivos a cambio de renunciar al uso de la violencia.
Entre la andanada de reacciones políticos tras la decisión de los indultos, los partidos de la coalición opositora Chile Vamos suspendieron su participación en la mesa de diálogo que busca un acuerdo transervsal por la seguridad ciudadana; y este martes desde la UDI anunciaron su intención de acusar constitucionalmente a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, por "eventuales irregularidades en los decretos de indulto y eventuales infracciones a la ley en el otorgamiento de beneficios carcelarios".
El otorgamiento de "indultos particulares" es una facultad que tiene el Presidente de la República, consagrada en la Constitución, cuya aplicación está normada en la ley 18.050.
