Parlamentarios de la oposición pidieron un pronunciamiento del ente regulador tras recibir críticas por votos del reajuste el año pasado.
La Contraloría pidió a las autoridades no usar cuentas institucionales para criticas votaciones.
La Contraloría General de la República emitió un dictamen sobre el uso de las cuentas institucionales en las redes sociales luego de que un grupo de parlamentarios recurriera por las expresiones de diversas autoridades que criticaron la votación de la oposición por el reajuste del salario mínimo en agosto de 2018 a través de cuentas oficiales de seremis e intendencias, entre otras instituciones gubernamentales.
Los legisladores pidieron al ente regulador que investigara la legalidad del uso que los intendentes, seremis y otros funcionarios públicos de todo el país estaban haciendo de las redes sociales institucionales para criticar la forma como la oposición había votado el reajuste al salario mínimo presentado por el Gobierno y emplazándolos por ello.
Uno de los parlamentarios que acudieron al organismo contralor, el diputado Gabriel Ascencio (DC), manifestó que "la Contraloría determinó que los intendentes y seremis de todo el país que el año pasado usaron las cuentas institucionales para criticar la forma como la oposición votó el reajuste al salario mínimo, actuaron fuera de lo que la normativa y dictámenes establecen".
El documento establece que "corresponde que las autoridades de los organismos denunciados, en lo sucesivo, se abstengan de utilizar las cuentas de Twitter y páginas web institucionales para emitir opiniones personales con motivo de la discusión de un proyecto de ley, debiendo adoptar todas las medidas de control que resulten necesarias para evitar la reiteración de tales situaciones".
El diputado Ascencio recalcó que "este dictamen es muy importante porque nos dio la razón cuando denunciamos que no correspondía que los intendentes, seremis y jefes de servicio utilizaran la cuenta institucional para criticar la forma en que habíamos votado y mucho menos para emplazarnos públicamente por ello".
"La Contraloría señala que las autoridades, como personas naturales, y fuera de su horario laboral y sin utilizar bienes públicos, pueden emitir opiniones políticas pero observando un comportamiento funcionario y social acorde con la dignidad del cargo que ostentan", añadió el legislador.
