Un grupo de diputados encabezado por Andrés Giordano (Frente Amplio) presentó un proyecto de reforma constitucional destinado a impedir que los parlamentarios desaforados sigan recibiendo su dieta.
Actualmente se encuentran en dicha condición Mauricio Ojeda (preso e investigado por fraude al fisco) y Francisco Pulgar (a la espera de ser formalizado por violación), pero el hecho no es inédito: durante el actual periodo legislativo, la doctora María Luisa Cordero estuvo siete meses impedida de ejercer sus funciones en el Congreso, pero siguió recibiendo su sueldo de 7,3 millones de pesos brutos.
"Esto ha desatado la sensación de que existe un privilegio excesivo -que lo hay-, y nos queremos hacer cargo con algo muy sencillo: una reforma al artículo 61 de la Constitución, que busca que cualquier parlamentario que sea suspendido de sus funciones por una orden de tribunales; es decir, que sea desaforado, deje de percibir su dieta. Un parlamentario, al igual que cualquier trabajador o trabajadora de nuestro país, no puede tener privilegios cuando se somete a medidas judiciales", explicó Giordano.