Tras ser aprobada la acusación constitucional en contra del ahora exministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz, interpusieron un recurso de protección contra más de 90 parlamentarios ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
La acción judicial, interpuesta por la abogada Ana María Watkins -quien no es parte de la defensa de Muñoz-, va contra más de 90 diputadas y diputados, a los cuales individualizó uno por uno.
Al ser consultada por Cooperativa, Watkins explicó brevemente y por escrito que: "sólo me inspiró un profundo sentimiento de justicia que tengo arraigado en mi alma".
Lo anterior, por la "acción arbitraria e ilegal realizada por ellos, que afecta derechos fundamentales, al negar lugar a la cuestión previa, declarar admisible y, consecuencialmente, admitir a tramitación una acusación constitucional colectiva, interpuesta conjuntamente en contra" de Muñoz, según consignó el escrito.
"Todo lo cual importa una privación, perturbación y amenaza a su legítimo ejercicio de las garantías constitucionales", añade.
Por lo que solicitó al tribunal de alzada porteño que "restablezca de inmediato el imperio del derecho, ordenándole a los recurridos dejar sin efecto la acusación constitucional colectiva en lo que respecta al señor Muñoz y todos los perniciosos efectos que de ella se derivan, debiendo retrotraerse las cosas al estado anterior a la acusación colectiva, con costas".
A juicio de la jurista que interpuso la acción, los derechos constitucionales afectados son el debido proceso y el derecho a la legítima defensa, y el principio de igualdad ante la ley.
Sin embargo, desde la defensa del exmagistrado, el abogado Jorge Correa Sutil afirmó que que la acción se presentó "sin consentimiento ni conocimiento de Muñoz", cuya destitución fue aprobada el pasado miércoles, tras lo cual además quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos por un periodo de cinco años.
Uno de los diputados mencionados en el recurso de protección, Eric Aedo (DC), manifestó que "lo que ha hecho la Cámara de Diputados y Diputadas es hacer uso de sus facultades constitucionales. Por tanto, lo que se ha hecho, se ha hecho de manera adecuada".
"Obviamente, si alguien tiene el sentido de ingresar una presentación a los tribunales, está en su derecho a hacerlo", agregó el legislador.
