La iniciativa fue ingresada en 2011 y está lista para ser votada en Sala.
Desde la UDI no descartan recurrir al Tribunal Constitucional.
El proyecto original establecía penas de entre dos y seis años de presidio.
Parlamentarios oficialistas pidieron apurar la votación del proyecto que sanciona con cárcel a quienes justifiquen los delitos de lesa humanidad, hecho que ha sido cuestionado por la UDI, que alega restricciones a la libertad de expresión.
La iniciativa, ingresada en noviembre de 2011 por un grupo de parlamentarios del PS, PPD, PC y DC, establece penas de entre dos y seis años de cárcel a quienes públicamente "nieguen, minimicen, intenten justificar o aprueben los crimenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura".
El proyecto fue aprobado por la Comisión de Derechos Humanos y pasó a la Sala, desde donde fue enviado a la Comisión de Constitución para su posterior votación en la misma Sala de la Cámara Baja.
Uno de sus impulsores, Tucapel Jiménez (PPD), aseveró que "acá en la Sala ha estado cuatro veces en tabla y no hemos sido capaces todavía de discutirlo y votarlo. Voy a hablar con la mesa y esperar que definitivamente se ponga en primer lugar, que podamos discutirlo y podamos votarlo".
"Voy a reponer también con una indicación el espíritu del proyecto porque dejaron solamente la sanción para las personas condenadas, es decir, uno perfectamente podría decir que Hitler no fue un asesino porque nunca fue condenado", dijo.
"Pinochet nunca fue condenado, entonces desvirtuaron el espíritu del proyecto", recalcó el parlamentario.
Con las modificaciones que se le introdujeron, el proyecto actualmente dice que quien "niegue publicamente hechos comprobados por sentencia, delitos de homicidio, secuestro, sustracción de menores, detención ilegal, tormentos y asociación ilícita, siempre que las personas condenadas hubieren actuado como agentes del Estado", será condenado a una pena presidio menor en grado medio, de hasta tres años de cárcel.
No descartan llegar al TC
Desde la UDI, el diputado Juan Antonio Coloma no descartó llegar hasta el Tribunal Constitucional, ya que "aquí lo que hay es una fuerte forma de restringir la libertad de expresión, la libertad de ejercer el periodismo".
"En segundo lugar, siento que este es otro de los proyectos que busca división, el no entendimiento y a ratos busca la venganza. Además, en lo personal hice reserva de constitucionalidad de este proyecto", añadió.
Otro de los creadores del proyecto, Lautaro Carmona (PC), respondió a estas palabas citando como ejemplo a Alemania y llamó a evitar la "revictimización".
"Imagínate que por ejemplo alguien haga una alegoría a la forma en que lanzaban al mar vivos y con rieles atados a sus cuerpos a muchos y muchas de los nuestros, por más que sea solo hablar", sostuvo el diputado.
"Eso constituye -exponer lo que se está pensando- un agravio, y por consiguiente una potencial tortura sicológica para todos los cercanos, que van a revivir ese tiempo, entonces ahí supera el solo pensar", recalcó.
Al ser consultada por este proyecto, la vocera de Gobierno Paula Narváez planteó que la agenda legislativa es extensa y tiene tiempos acotados, razón por la que este proyecto no es prioridad para el Ejecutivo.
