La oposición confirmó que impulsará una acusación constitucional contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, luego de expresar insatisfacción ante su desempeño durante la sesión especial en la Cámara sobre la polémica rebaja de condenas a autores de delitos sexuales contra menores.
La presidenta del FA, Gael Yeomans, dijo en un punto de prensa posterior a la sesión que "(desde el Gobierno) vulneraron los derechos de los niños. Hay agresores sueltos en las calles producto del error garrafal que cometieron y eso es absolutamente imperdonable".
"Por esa razón, hemos tomado la decisión de impulsar la acusación constitucional (contra Rabat), porque estamos convencidos de que un error como este no puede ser avalado por el Congreso. Vamos a trabajar seriamente en la construcción de los argumentos (del libelo), porque creemos que el ministro tiene que salir de su cargo y las responsabilidades políticas se deben asumir", sostuvo.
"Si es que el Presidente Kast no ha tomado la definición (de destituirlo) e insiste en ratificar su cargo a pesar de los hechos conocidos, es nuestra obligación ejercer todas las herramientas de fiscalización y eso es lo que vamos a hacer", dijo la diputada del FA.
"Hay que buscar la responsabilidad política hasta el final"
En la misma línea, la diputada PC Daniela Serrano acusó que Rabat "no actuó apegado a la ley. Él mismo se atribuyó una facultad que no le corresponde: interpretar la ley".
"Nosotros iniciamos el primer paso, que era escuchar al Gobierno en lo injustificable; pero se retiró (anticipadamente el ministro Rabat de la Sala y) no le dio una respuesta (satisfactoria) a la Cámara. Por tanto, de manera responsable, todos los partidos presentes (opositores) vamos a impulsar una AC", expresó.
"Hay que buscar la responsabilidad política hasta el final, porque sabemos que este Gobierno, cuando saca a sus ministros, los pone de asesores en el Segundo Piso o incluso le ofrece puestos diplomáticos. Por temas de convicción política y de resguardo a las víctimas, vamos a perseverar (en el libelo acusatorio)", cerró la diputada comunista.
Por último, el diputado PPD Cristián Tapia manifestó que la sesión especial de esta jornada "era para darle la chance al Gobierno y al ministro para que nos dijeran la verdad, pero fue un bochorno la presentación, porque todo se basó en mentiras".
"Queremos darle una señal al país y a las víctimas (...), esto se trata de protegerlas. De estas 56 personas que salieron en libertad, sus afectados no sabemos de qué partido político son, y los queremos proteger (...). Este tema no es político, sino de humanidad", enfatizó.
"El ministro nos ha dejado la pelota en el área para hacer un gol y eso es una AC", afirmó. "Parlamentarios de oficialismo, inclusive, han manifestado su idea de apoyarla", cerró Tapia.
Las rebajas de condena fueron reveladas por el medio Interferencia, que también destapó que la cartera también redujo por la vía administrativa las sentencias de tres condenados por violaciones a los derechos humanos y de otros tres individuos venezolanos que afirmaron pertenecer al Tren de Aragua.
La tensa sesión en la Cámara Baja
La serie de intervenciones comenzó con los diputados Marcos Barraza (PC) y Lorena Fries (FA), que emplazaron al titular de Justicia dejar su cargo y calificaron de "inaceptable" que las familias de las víctimas se enteren de las rebajas por la prensa.
"Este Gobierno tendrá que cargar en su consciencia y ante la historia con las consecuencias de las rebajas de condena concedidas bajo su Administración a violadores y abusadores sexuales de niños y niñas", dijo el parlamentario.
"El Presidente Kast reconoció un error y lo mantuvo (a Rabat) en el cargo. Entonces, ¿cuál fue el error y quién lo cometió? Usted firmó estos decretos, usted debe responder. Por ello, Chile pide que renuncie", dijo la legisladora.
A su turno y, en respuesta, el ministro Rabat cuestionó que el Congreso "no incorporara (en 2022) una norma transitoria que permita fijar" la retroactividad o no de la modificación legal que excluyó del beneficio de rebajas de condena a autores de delitos sexuales contra menores.
"Esa (modificación de la) ley entra en vigencia el 9 de febrero del año 2022, y el 17 de febrero del año 2022 -a una semana de vigencia legal- se interpone el primer recurso de amparo. (Desde la Justicia) se acoge y se dispone que la legislación no tenía efecto retroactivo. Desde entonces, hay más de 430 sentencias hasta el año 2026 que fijan exactamente el mismo criterio", sostuvo.
"Han sido difíciles estos días para este ministro de Estado, (pero) no cabe ninguna duda que el procedimiento tiene un vacío al no escuchar a las víctimas. No es posible olvidar, desechar y dejar de cumplir una sentencia de la Corte Suprema que me ordena a otorgar el beneficio de rebaja de condena. Si eso es incumplir la ley, espero que me expliquen cómo puedo dejar de cumplir una sentencia de la excelentísima Corte sin infringir el juramento que efectué en este Congreso el 11 de marzo", expresó Rabat.
Las exposiciones de los diputados se desarrollaron bajo un tenso ambiente, que llegó a su punto álgido cuando el ministro de Justicia se retiró del Pleno.
Ante ello, los parlamentarios de oposición recriminaron que "huyó como un cobarde", aunque Rabat salió de la sala y, junto con sus pares Claudio Alvarado y José García Ruminot, hizo un breve punto de prensa en el que expresó su satisfacción por no habérsele reprochado en el hemiciclo ninguna infracción legal o constitucional.
También causó molestia entre los legisladores la exposición de carteles de detenidos desaparecidos durante las intervenciones.
