Para el diputado y senador electo del FA, es improcedente un juicio político al ministro de Hacienda por la norma sobre funcionarios a contrata.
"Si no le gusta la ley, pues que vote en contra", manifestó.
El diputado del Frente Amplio Diego Ibáñez, senador electo por Valparaíso, calificó este jueves como una "utilización no democrática" la amenaza de acusación constitucional levantada por la UDI contra el ministro de Hacienda y militante de su partido, Nicolás Grau, por la polémica norma que el Gobierno busca ingresar al Congreso para establecer nuevas exigencias al despido de funcionarios públicos a contrata.
"Nuevamente la derecha propone otra acusación constitucional para el mes de marzo contra el ministro de Hacienda por presentar un proyecto de ley, un proyecto que es mucho menos restrictivo que la ley que fue aprobada por los propios parlamentarios de derecha en la Comisión de Trabajo y eso es francamente una utilización no democrática del instrumento de acusación", dijo el parlamentario oficialista a Cooperativa.
Ibáñez cuestionó la coherencia de los gremialistas, señalando que "es difícil tomarse en serio la declaración de Guillermo Ramírez, el presidente de la UDI. Si no le gusta la ley, bueno, pues que vote en contra, pero que no amenace con una acusación constitucional, porque la derecha ya ha presentado nueve acusaciones constitucionales y todas han sido rechazadas".
La controversia escaló luego de que diputados de la UDI, encabezados por Ramírez, notificaran que iniciarán el juicio político en marzo si el Gobierno no retira la norma sobre funcionarios a contrata de la Ley de Reajuste del Sector Público.
Para la bancada, esta medida representa una "ley inmoral de amarre" destinada a convertir al Ministerio de Hacienda en una agencia de empleos para operadores políticos antes del cambio de mando.
Los parlamentarios opositores enfatizaron que no permitirán la creación de cargos "vitalicios" para partidarios del actual Gobierno, advirtiendo que buscarán los votos de toda la oposición, incluido el PDG, para inhabilitar a Grau del ejercicio de cargos públicos por cinco años.
Mientras tanto, desde el Ejecutivo han descartado tajantemente las acusaciones de corrupción o "amarres", defendiendo la legalidad y necesidad de la norma en el marco de la discusión del Presupuesto anual.
En medio de la controversia, el diputado Raúl Soto (PPD) declaró que, aunque no comparte la norma propuesta por el Gobierno, "una cosa muy distinta es que la derecha nuevamente aproveche la contingencia para llevarnos a un escenario de confrontación y guerrilla política, mal utilizando herramientas excepcionales como las acusaciones constitucionales".
"Los llamo (a la derecha) a la reflexión, a la prudencia. Estamos a meses del término de un Gobierno, en pleno periodo de transición, ya con un nuevo Presidente electo, y una situación como esta evidente que no es para acusación constitucional", cuestionó el extitular de la Cámara Baja.
Desde la oposición, en tanto, la diputada Joanna Pérez (Demócratas) manifestó que, "si bien esta es una acción desesperada del Gobierno para mantener a sus amigos en los cargos, creo que no dan los argumentos para una acusación constitucional".
Sin embargo, pese a estar en contra de la idea de la UDI, la congresista avisó: "No por ello vamos a dejar de ser oposición a estas malas prácticas de un Gobierno que iba a actuar de una manera distinta y ha demostrado todo lo contrario".
